Lo que parecía irrealizable se logró. Los senadores de la LXII Legislatura tomaron una de las decisiones y acciones legislativas más importantes de las últimas cinco décadas: aprobar por 110 votos, la reforma en materia de transparencia y acceso a la información.
Este proceso legislativo constituye un avance significativo para sanear la vida pública nacional y terminar con la opacidad que ha caracterizado al sistema político mexicano.
Se establecen principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Distribuye competencias entre organismos garantes de acceso a la información de la Federación y las entidades federativas; regula los medios de impugnación, la organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Precisa que los datos, en posesión de los sujetos obligados, serán públicos y accesibles a cualquier persona, y sólo podrán ser clasificados como reservados por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos de la propia ley de transparencia.
También, deberán prevalecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Con la Plataforma Nacional de Transparencia se cumplir con los procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados, atendiendo las necesidades de accesibilidad de los usuarios, y estableciendo obligaciones de transparencia comunes para todos.
Se aprobaron sanciones por: falta de respuesta a las solicitudes de información; actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes; incumplir los plazos de atención; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar o inutilizar la información que se encuentre bajo custodia de los sujetos obligados.
Además, por entregar información incompleta; declarar la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla; realizar actos para intimidar a los solicitantes o inhibir el ejercicio de su derecho; no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en ejercicio de sus funciones, entre otras.
Llegar a esta normatividad requirió de decisión política. De la participación de la sociedad y arduas jornadas de trabajo legislativo. No exenta de amagos y cuestionamientos de todo tipo, al final, se consiguió lo impensable: transparentar la vida económica y política del país para tratar de recuperar la credibilidad y la confianza.
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