Un gran paso en beneficio de la salud de millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos dieron los diputados al aprobar modificaciones a 10 artículos de la Ley General de Salud que establece como materia de salubridad general el control del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Las modificaciones comprenden los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113,115, 212 y 301, en los que sobresale la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.
Esto no va a gustar nada de nada a los fabricantes de dichos productos “chatarra”, pero el bienestar y la salud de la niñez mexicana está por encima de cualquier interés económico.
Con 324 votos a favor y 6 en contra, los diputados de todas las fracciones parlamentarias avalaron las reformas que orientarán a la población sobre la importancia de una alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud, así como la ejecución de políticas públicas, que contrarresten eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos alimentarios.
Se dictaminó que las Secretarías de Salud y de Educación Pública se coordinen con los gobiernos estatales, para que formulen, propongan y desarrollen programas orientados a la alimentación correcta y a la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.
Además, la SEP deberá emprender acciones para la detección y seguimiento del peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.
Aunado a esto, se expedirán lineamientos generales para la venta y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), destacó: en México el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se han traducido en un grave problema de salud pública.
De las intervenciones de los legisladores se desprende que esta situación provocó un gasto social de más de 80 mil millones de pesos durante 2012 y para 2017, puede elevarse hasta 150 mil millones de pesos.
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