La apatía y el temor a represalias por parte de la sociedad, por un lado y, la incapacidad de los gobiernos en turno y los congresos locales pese a los esfuerzos realizados, para armonizar leyes en base a los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, propician el crecimiento del maltrato infantil en México.
De acuerdo a cifras estimadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de cada 100 niños, de 6 a 12 años de edad, 30 sufren maltrato en su entorno familiar y escolar y en el 90 por ciento de los casos no hay la denuncia correspondiente, que es fundamental para prevenir la violencia contra menores.
Desde 1990 nuestro país suscribió la Convención de los Derechos de la Niñez y, es tiempo de que todavía no se consigue establecer compromisos administrativos y legislativos suficientes que garanticen sus derechos ahí establecidos y, con ello, evitar o contrarrestar los peligros y amenazas como el trabajo forzado, abuso y explotación sexual, abandono, situación de calle y migración, entre otros.
Bajo esta perspectiva, con la convicción de que poco ayudan las leyes para revertir el constante deterioro de los derechos de la niñez, si no comprometen recursos y políticas públicas en mayor medida y calidad, la Comisión Permanente dio entrada a un punto de acuerdo que busca dar respuesta a esta problemática cuya solución se ve lejana, no sólo porque el maltrato es cotidiano y dinámico, sino porque las acciones gubernamentales se tornan lentas y obedecen a procesos institucionales y burocráticos, limitados por la escasez de recursos.
La propuesta suscrita por el senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia, da cuenta de las diversas modalidades de maltrato infantil, destacando que la pobreza es el factor que más interviene en las condiciones en que sobreviven niñas, niños y adolescentes.
En México con datos del Consejo Nacional de Población, los niños entre 5 y 9 años, así como adultos mayores de 65 años son quienes más recienten los estragos de la pobreza extrema y algo que pocas veces se menciona es que la violencia hacia los niños comienza desde el vientre de la madre, ya que muchos de ellos, por esa pobreza, no reciben los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo.
Asimismo, alrededor de 42 mil niñas y niños mueren antes de cumplir el primer año de vida por enfermedades que son fáciles de prevenir y curar, pero desafortunadamente, los altos niveles de desnutrición hacen más vulnerables a los infantes en las zonas rurales, en particular, en las indígenas.
No obstante los esfuerzos realizados por gobiernos y congresos locales para terminar con el maltrato infantil, la falta de seguimiento y cumplimiento de la Ley de protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2006 y la ineficiente asignación del gasto público, no permiten terminar con este problema social.
En el Punto de Acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento llamado a los Poderes de la Unión, a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil a que desde su ámbito de competencia refuercen, promuevan y ejecuten planes, políticas públicas, y acciones que atiendan el grave problema del maltrato en contra de niñas, niños y adolescentes, a fin de reducir sus altos índices de conformidad a los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989.
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