Sanciones superiores a tres millones 800 mil pesos aplicarán a las empresas que difundan publicidad engañosa en materia de protección al ambiente, anunció el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Jesús Sesma Suárez.
El legislador informó lo anterior en conferencia de prensa en San Lázaro, en la que dio a conocer que su bancada tiene preparada una iniciativa de ley con ese propósito.
La misma contempla que en caso de reincidencia de las empresas en la práctica de utilizar publicidad engañosa en materia de protección ambiental, las multas se fijarían en un monto equivalente al 10 por ciento de las ganancias anuales derivadas de las ventas del producto que se esté promoviendo.
El coordinador ecologista, acompañado de los diputados María Ávila, Javier Herrera, Andrés Fernández y Luis Avendaño, dio detalles de la iniciativa que contempla modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en resumen pretende castigar a las empresas que difundan publicidad engañosa en materia ecológica.
Acompañará a dicha iniciativa, un exhorto a la Profeco para que haga una campaña preventiva entre las empresas, con el objetivo de que cumplan lo que anuncian en materia ambiental. Se quiere proteger al consumidor y al medio ambiente, indicó Sesma.
La iniciativa que se presentará significa algo trascendental e importante para México, a partir de la estrategia del Partido Verde para proteger el entorno con acciones cotidianas, pues se busca incrementar la conciencia social en la materia.
En la exposición de motivos, se indica que existe la tendencia por parte de algunas empresas de diseñar campañas de marketing utilizando publicidad verde, la cual en ocasiones puede ser engañosa, fenómeno que se conoce como Greenwashing o impostura verde, esto es inducir al error a los consumidores en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio.
El diputado Jesús Sesma afirmó que en estudios realizados en varios países, cada vez son más los productos que aseguran ser elaborados a partir de procesos de producción amigables con el medio ambiente, sin ofrecer pruebas fehacientes de ello.
De ahí, la necesidad de vigilar que la publicidad cumpla verdaderamente lo que promete, o por el contrario aplicar sancionados como se plantea en la iniciativa.
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