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Pepe Cámara

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 424 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Protección Civil en materia de innovación tecnológica, a fin de ampliar el concepto de protección de “infraestructura estratégica”.

Con esta ampliación, acorde a parámetros suscritos por nuestro país a promoción de la ONU, resalto la diputada María Elena Orantes López, presidenta de la Comisión de Protección Civil, se busca incorporar innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil y su vinculación con los Atlas de Riesgos Nacional, de los estados y municipios.

Actualmente sólo 365 municipios cuentan con este mapa y “la ley manifiesta que si no lo tienen, no podrán entrar en las declaratorias”, por ello exhortó  a los gobernadores y presidentes municipales a implementar su atlas de riesgo.

Los posicionamientos de apoyo corrieron a cargo de diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios. Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) mencionó que la falta de una efectiva cultura de protección civil ha provocado que sigamos siendo vulnerables ante el embate de los fenómenos naturales.

Para Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza, usar la innovación tecnológica, permitirá una verdadera gestión integral de riesgos y reducir los efectos “de los fenómenos perturbadores”, y fomentar una verdadera cultura de la protección civil.

Héctor Barrera Marmolejo, de Acción Nacional, indicó que la innovación tecnológica en materia de protección civil, no es un tema menor, es estar a la vanguardia que representa salvar vidas.

Del PRI, Carlos Sarabia Camacho, del PRI, señaló que México es un país que ha sufrido grandes y graves desastres naturales, pero también ha aprendido a través de la historia.

Propuso y se aceptó por el Pleno, modificar el dictamen en el artículo 2º, párrafo XXXII para precisar el término de “infraestructura estratégica” y en el artículo 39 párrafo II para asentar que las instituciones o los particulares, presupuestalmente o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas digitales o virtuales en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los atlas de riesgo.

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