POR: PEPE CAMARA
La Cámara de Diputados terminó con uno de los mayores problemas que enfrentan los pacientes con algún problema de salud, cuya atención está a cargo de instituciones del sector oficial, y que por normatividad, niegan la información contenida en el expediente clínico respectivo.
El Pleno registró 393 votos a favor del dictamen que adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud, para que usuarios de servicios médicos en el ámbito público, tengan derecho a acceder a la información contenida en esas hojas de papel que recogen una serie de galimatías de los médicos con respecto a su mal físico.
Aunque el dictamen se envió al Senado de la República para su ratificación, no pasará mucho tiempo para ello; entonces sí, será realidad que derechohabientes conozcan su verdadero estado de salud y comprobar que su tratamiento médico sea el más adecuado.
Otro gran beneficio, es abrir al paciente posibilidad de ser tratado por un verdadero especialista, y no como sucede, con sus excepciones, actualmente por tantos matasanos que pululan en el IMSS e ISSSTE.
El documento aprobado precisa que en 2013 mediante el sistema electrónico Infomex, se recibieron 97 solicitudes relacionadas con el expediente clínico, en 2014 fueron recibidas 160, y hasta el 31 de agosto del 2015 fueron admitidas 59 peticiones sobre dicho tópico, “lo cual demuestra el interés de la ciudadanía en acceder a la citada información”.
El presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN), al fundamentar el dictamen de la propuesta presentada por la diputada priista ArletMólgoraGlover, consideró que termina el engorroso trámite de llegar a una nueva institución u hospital y “se nos vuelven a solicitar estudios de gabinete, ocasionando un gasto económico y tiempo de calidad de vida al paciente”.
En tribuna y ante sus pares de todas las fracciones parlamentarias, MólgoraGolver habló en favor del dictamen. Sostuvo que “su propuesta representa un verdadero acto de justicia social para cada paciente que ha visto vulnerado el derecho de acceso a su expediente clínico”.
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