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En medio de un amplio debate con la participación de los representantes de los grupos parlamentarios que integran la LXIII Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó expedir una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que abroga la del 25 de febrero de 2003.

El objetivo toral es actualizarla con la normatividad sobre cambio climático, servicios ecosistémicos y con las investigaciones científicas en la materia, con la finalidad de adelgazar la burocracia de los trámites.

Con 238 votos a favor, 8 abstenciones y 94 en contra, así como adecuaciones al dictamen aprobados por el Pleno, se avaló en lo general el dictamen que entre otros aspectos, precisa que la ley vigente tiene un formato complicado, y disposiciones procedimentales que dificultan la corrección de cuestiones de detalle y limitan su adaptación a las nuevas.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María Ávila Serna del PVEM, expresó: perfecciona la actualización y armoniza el derecho ambiental en materia de protección al patrimonio natural y promoción del desarrollo sustentable, así como el control y abatimiento global del cambio climático.

La nueva ley será congruente con la regulación sobre cambio climático y servicios ambientales; permitirá mejorar  la administración, conservación y vigilancia del inventario forestal en los tres órdenes de gobierno

Establece un nuevo ordenamiento legal que instituye diferencias entre recurso biológico forestal, referido a especies y variedades, y  recurso genético forestal, relativo al germoplasma forestal.

Ávila Serna precisó  que la nueva ley no trata de denostar los avances y logros alcanzados, es un trabajo de fortalecimiento para alcanzar una congruencia deseable entre la legislación sobre el desarrollo forestal sustentable, los ordenamientos sobre el cambio climático y los servicios de ecosistemas, en la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo forestal sustentable.

La conclusión de los diputados resume que: la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es un paso importante en la actualización del marco jurídico en materia forestal, pues es necesario saldar los pasivos derivados de la degradación y el agotamiento ambiental, así como detonar un área de oportunidad que representa manejar de forma sustentable los ecosistemas, transitando a un esquema de conservación activa con una nueva visión de gestión integral del territorio.

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