PEPE CAMARA
El Pleno del Senado de la República aprobó, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante la cual se establecen los tipos penales de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sus respectivas sanciones.
Fue en el marco de la última sesión ordinaria del segundo período que los senadores dieron luz verde al dictamen correspondiente, turnándolo al Ejecutivo federal para su promulgación.
La Ley contempla el régimen de distribución de competencias, la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos, y medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas; lo anterior, bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no re-victimización, perspectiva de género y transparencia.
Destaca entre lo aprobado, que la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de oficio, y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, para evitar que los años contribuyan a la impunidad.
Además de expedir la Ley, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley de Extradición Internacional.
La senadora perredista, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y sus pares, refirieron que el país contará con un marco jurídico fortalecido que brindará mayor protección a los ciudadanos frente a la tortura y otros tratos crueles.
Las propuestas del dictamen, acordes a estándares internacionales, constituyen un instrumento legal que, de implementarse efectivamente, contribuirán a superar los retos del combate y erradicación de “esta aberrante práctica”.
Datos duros abordados en el pleno señalan: del 2006 al 31 de diciembre de 2015, se recibieron cuatro mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante; y la Defensa Nacional es la que más número de quejas tiene.
Acorde al Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad; el más grave problema de salud vinculado a la tortura, es la impunidad y la ausencia de mecanismos integrales y coordinados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta práctica”.
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