Opinión

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PEPE CAMARA

Los diputados de la LXIII Legislatura avalaron por unanimidad, reformar la Ley General de Salud, para que el Sistema Nacional de Salud integre a las instituciones públicas, la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbialidades.

Fortalecer la legislación e implementar medidas a corto y mediano plazo, ayudará a las personas con sobrepeso y obesidad, cuyo promedio nacional de prevalencia es del 30.29 por ciento, mientras que el de  obesidad equivale al 23.50 por ciento, que genera en quienes la padecen, disposición a enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre otras.

La reforma devuelta al Senado para sus efectos constitucionales al contener modificaciones al dictamen aprobado por ese cuerpo legislativo, contemplaba adicionar una fracción IV Bis al artículo 115, relativa a la información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas en cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 10 sucursales o más, “porque viola el principio de la racionalidad de la distinción y no constituye un medio apto para combatir el sobrepeso”.

Previo a la fundamentación del dictamen, se aceptó una propuesta de modificación de la Comisión para que al final de los artículos 272 Bis-4 y 272 Bis-5 se incluya el término “de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.

En su exposición sobre el documento, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa del PAN, sostuvo que obesidad y sobrepeso es una epidemia que genera muertes al por mayor.

A pesar de que la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes Mellitus reconoce al tratamiento quirúrgico como opción efectiva para lograr una pérdida de peso sostenido en el paciente, no se encuentra homologado en la Ley General de Salud.

Las modificaciones permitirán asegurar materiales, medicamentos y personal capacitado necesarios para garantizar la atención de los pacientes que requieren este procedimiento.

En la discusión y aprobación del dictamen, diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron la trascendencia de llevar a cabo las reformas, sobre todo porque siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad, índice mayor en zonas rurales, y porque “nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. En los últimos 10 años la población que la padece se ha incrementado en 3 por ciento”.

Refirieron que en noviembre de 2016, la Secretaría de Salud declaró emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus, pero a la fecha no se ha hecho nada.

 

 

 

 

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