PEPE CAMARA
Muy a tiempo, en coincidencia con el anuncio hecho por el responsable de Petróleos Mexicanos, respecto a la exorbitante práctica de la “ordeña de ductos”, en el Senado de la República se aprobó un dictamen mediante el cual, aumentan las penas por robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.
Fueron 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, los emitidos en el Pleno, ello bastó para modificar una docena de artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, en la búsqueda de disminuir la alta incidencia de estos ilícitos.
Las reformas pretenden garantizar la seguridad de las personas, porque estos delitos se asocian con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.
Lo más importante del dictamen plantea, entre otras, sanciones de 20 a 30 años de prisión para quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Dispone una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para quien cometa dichas conductas.
Avalaron la propuesta que impone de 17 a 25 años de cárcel para quién directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
El dictamen sanciona con pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la UMA vigente, al que obligue o intimide a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley.
En la discusión participaron senadores de todas las fracciones parlamentarias, quienes reconocieron que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad; la crisis provocada por el robo de petróleo, gasolina y diésel ya “es incontrolable”.
En otros casos “son una vergonzosa simulación” porque las penas vigentes no han contenido el problema, y hay colusión de autoridades y funcionarios de Pemex, convirtiendo el robo de hidrocarburos en un problema de seguridad nacional.
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