PEPE CAMARA
Se puede tener la impresión de que los senadores de la LXIII Legislatura únicamente se dedicaron a grillar y denostarse entre ellos, pero no siempre fue así. Tenemos el caso de la Comisión de Derechos Humanos que logró se aprobaran diversas leyes que enriquecieron el marco normativo en la materia.
Su trabajo, apegado a los más altos estándares internacionales para proteger los derechos de la ciudadanía, dio como resultado leyes en materia de tortura, desaparición forzada de personas, y declaración especial de ausencia para desaparecidos, fundamentales para la protección de la integridad de la ciudadanía.
La Comisión, que preside la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, también avaló leyes que robustecieron los derechos de los jóvenes, niñas y niños, como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo propósito es garantizar los derechos humanos de los adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados.
En declaraciones a los medios, la legisladora aclaró que las niñas y niños menores de 12 años no son objeto de este sistema y si se ven involucrados en algún hecho delictuoso, por su edad, tienen que ser atendidos y buscar su reinserción y su tratamiento desde la asistencia social, lo que significa una prohibición de que las personas menores de 12 años puedan ser privadas de su libertad.
Resalta la Ley Nacional de Ejecución Penal, dirigida a centros de privación de libertad federales y locales, incluyendo los centros para personas menores de 18 años y mayores de 14 años.
También se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicable a todo el país, que los reconoce como titulares de derechos conforme a principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
De igual o mayor importancia a las leyes anteriormente citadas, están la de Atención a Víctimas, contra la Discriminación, a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal para Proteger a Periodistas o Defensores de Derechos Humanos, incorporar la perspectiva de género y reconocer principios de los derechos humanos como el Interés Superior de la Niñez y los de no discriminación e igualdad sustantiva.
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