PEPE CAMARA
Aunque parezca una situación derivada de una mente retorcida de la ciencia ficción, lo que a continuación leerá está lejos de esta realidad. El asunto es que en México, seis de cada 10 menores de uno a 14 años de edad, han experimentado algún daño psicológico o físico.
En ello se encuentran inmiscuidos de manera directa, integrantes de su propia familia, por lo que, a consideración de la diputada de Acción Nacional, Martha Elisa González Estrada, es una problemática que requiere atención urgente por parte del gobierno y de la sociedad.
Derivado de lo expuesto, la legisladora panista propone reformar los artículos 4,83 y 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prevenir y erradicar la violencia contra la infancia, estableciendo como agresión, ”toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
Plantea que los menores tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica o cualquier otra necesaria, acorde con las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos.
Además, emitir medidas de protección urgentes o cautelares que eviten posibles daños a su integridad personal.
González Estrada resaltó que en 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, y entre 2011 y 2015, fueron asesinados cada día, en promedio, tres menores de entre 0 y 17 años.
Indicó que las agresiones en México, son factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. “Miles de niños, niñas y adolescentes del país, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos”
Con el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se busca establecer que autoridades de los tres órdenes de gobierno, sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, ajustándose al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante los procedimientos conforme a principios de autonomía progresiva y celeridad procesal.
También tendrán que realizar de forma oficiosa y asequible, pruebas psicológicas y de entorno social, que garanticen la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
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