El Senado de la República analiza una iniciativa para garantizar legalmente la comunicación privada a través del correo electrónico, en los términos similares que actualmente se establecen para la intervención de comunicaciones privadas y, además, contempla sanciones económicas de 300 a 600 días de multa y cárcel de 6 a 12 años.
La propuesta, presentada por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, impulsa modificaciones al artículo 177 del Código Penal Federal para imputar cargos a quien por sí mismo o a través de un tercero vulnere la intimidad de otro, acceda, copie, imprima, difunda o altere mensajes de correo electrónico o cualesquiera otra información o documentos anexos a los mismos.
Desde luego, sin el consentimiento del usuario registrado en la empresa que presta el servicio en la red de Internet y, dado el espectacular desarrollo de la tecnología informática que abre nuevas oportunidades para la delincuencia, como la manipulación de sistemas de información y bases con ánimo de lucro.
Se contempla también, la destrucción de programas y el acceso y utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la privacidad de las personas o empresas a las que corresponden dichos datos, considerando algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales.
La exposición de la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis, destaca que las nuevas tecnologías de comunicación e información reúnen características que las convierten en un medio idóneo para la comisión de delitos.
Todo bajo la óptica de que no quedan claramente comprendidos dentro de la tipología tradicional e idoneidad derivada de la rapidez y magnitud con la que se puede acceder a datos y a la posibilidad de su manipulación, copiado, alteración, distribución o destrucción, con pruebas que requieren para su acreditación y presentación del conocimiento especializado, cuya carencia se da en algunas instituciones que persiguen los delitos en México.
Coincidiendo con el legislador panista, desde luego que es necesario garantizar la protección legal a la comunicación del correo electrónico, como también lo es, proponer sanciones pecuniarias y de prisión a quien vulnere la privacidad del otro.
Lo que llama la atención y mueve a reflexión final sobre esta iniciativa, es cuando el senador Dorador plantea que, cuando los padres de familia de menores de 18 años accedan a los correos electrónicos de sus hijos, no vulneran la intimidad, ya que, estimó, los padres son responsables de su educación y seguridad.
Tema espinoso para los senadores que deberán evitar aprobar una reforma que vulnere los derechos humanos de los menores. El filo de la navaja es muy delgado y, no por evitar mayores daños, se violen las garantías constitucionales.
Comentarios Cerrados