PEPE CAMARA
La diputada priista María Alemán Muñoz, consideró fundamental homologar los procesos de atención del Sistema Nacional de Salud, para erradicar la violencia obstétrica y garantizar a mujeres embarazadas y en labor de parto, un trato cálido y humanitario.
A estas atenciones se sumaría una respuesta médica mínima, un consentimiento informado, privacidad, dignidad y, sobre todo, confidencialidad.
En su iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara Baja, la legisladora refiere que en todas las esferas sociales, durante el período de gestación la mujer es juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente en lugares en donde recibe servicios médicos.
Esto, puntualizó, constituye un maltrato que normalmente genera secuelas, tanto en la madre, como en el recién nacido.
De ahí que, el documento, enviado para su dictamen, con opinión de la Comisión de Salud, precisa los actos constitutivos de ese tipo de violencia: cesáreas sin consentimiento voluntario, expreso e informado de las mujeres, aun existiendo condiciones para un parto; obligarlas a dar a luz acostadas y/o inmovilizadas; negarles u obstaculizarles la posibilidad de cargar y amamantar a su bebé inmediatamente al nacer, y no atender oportuna y eficazmente las emergencias que se presenten.
Refiere que la Secretaría de Salud ha identificado situaciones como prácticas invasivas, suministro de medicación injustificada; o bien, cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades de parto biológico, ante lo cual ha emitido recomendaciones.
La propuesta de la diputada Alemán Muñoz reforma los artículos 61, 62, 64 y 65 de la Ley General de Salud, busca incluir el trato libre de violencia en la atención materno-infantil, y promover la organización de comités y actividades que prevengan, inhiban y erradiquen la violencia obstétrica.
En la actualidad, la ley contempla diversos tipos de agresión contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, pero no incluye la que pueden sufrir en el embarazo, parto y puerperio, “una de las etapas más vulnerables de su vida”, y que constituye una violación a los derechos humanos reconocidos también en instrumentos internacionales suscritos por México.
Propone definirla como toda acción u omisión del personal de los servicios de salud, públicos o privados, del Sistema Nacional de Salud, que violenten la igualdad jurídica de las mujeres, su dignidad humana, su libertad; que la discriminen, la denigren o la dañen física o psicológicamente; o que se realicen prácticas que limiten, vulneren o nieguen su capacidad de decisión sobre las acciones a seguir, que no sean urgencias, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio.
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