PEPE CAMARA
Ante la crítica situación que prevalece en la población infantil en nuestro país respecto al cáncer, segunda causa de muerte en edad escolar, la diputada priista, Ximena Puente de la Mora, propone que esta enfermedad sea atendida prioritariamente en los tres órdenes de gobierno, incluidas las alcaldías.
Su planteamiento comprende reformar la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar el acceso integral a los servicios de salud en el diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil.
En su manejo de datos duros, la legisladora precisa que en 2016 hubo mil 22 defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 en cada cien mil habitantes de 5 a 14 años. Se estima que en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años.
De 2013 a 2018 se atendieron 11 mil 725 casos de cáncer infantil con recursos del Seguro Popular, y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se cubren 15 tipos de cáncer en niñas y niños mexicanos.
Aunado a ello, hay poco personal certificado en oncología pediátrica, sólo 237 especialistas, y 420 oncólogos médicos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología. “Estos recursos humanos y materiales, sin duda, resultan insuficientes para atender la demanda nacional de servicios especializados del cáncer infantil”, añadió.
Puente de la Mora indicó que México ha caído en los últimos siete años en posiciones en investigación clínica. “Somos el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, pero a escala internacional estamos en el 21 y de la OCDE, en el sitio 67 de 145. El Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología no rebasa 0.45 por ciento, lo que nos afecta gravemente porque en el corto plazo se advierte que uno de cada tres mexicanos tendrá cáncer”.
Es importante brindar cuidados médicos preventivos de detección e intervención oportuna, porque los altos costos obligan a abandonar tratamientos; los encargados de salud no cuentan con la especialización necesaria; hay toxicidad en los procedimientos y mayores tasas de reincidencia.
Estamos obligados a garantizar el acceso universal a los servicios, es intolerable que algunos niños tienen acceso a tratamiento de primera clase, y otros, simplemente mueren porque son pobres, subrayó la diputada.
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