En México cerca de 12 millones de personas carecen de agua potable y 20 millones más, no tienen servicio de drenaje y, dentro de ello, el 38.5 por ciento de la población infantil, alrededor de 14.6 millones de infantes no cuentan con el suministro de agua potable dentro de sus viviendas.
Lo anterior, además de reflejar una situación alarmante en materia de recursos hídricos, ubica a nuestro país en el lugar número 106 entre 122 naciones por su pésima calidad.
Por ello, y con la finalidad de garantizar el acceso al agua a toda la población mexicana, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, propuso modificar el artículo 4 Constitucional, lo que conllevará a libertades y derechos sobre el servicio y, además, coadyuvará a modificar las conductas de uso y aprovechamiento.
De igual manera, se daría cumplimiento al mandato previsto en la Declaración del Milenio, que entre otras condiciones, establece la necesidad de reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable.
En voz de diputado sonorense Carlos Samuel Moreno Terán, los legisladores del Verde Ecologista, consideran que “el acceso a los recursos hídricos implica una realidad apremiante para millones de personas en el país: No es posible tener una alimentación, si el agua que se consume no es segura para el consumo humano; no es exigible el derecho a la salud sino se ha resuelto el problema del abastecimiento”.
Ante esto, su partido buscará incorporar el acceso al agua como una garantía constitucional en la Carta Magna retomando algunos preceptos esgrimidos por dicho grupo parlamentario en anteriores legislaturas.
Propuestas que como muchas otras, de carácter social, se encuentran en el archivo del olvido y la indiferencia legislativa, algo sobre lo que hay que insistir, porque es responsabilidad única y total de los legisladores procurar mejores y mayores beneficios para sus electores.
Moreno Terán en su exposición condenó la distribución desigual del vital líquido, prueba de ello, es que en las zonas urbanas cerca de 12 millones de personas carecen de agua potable y 20 no tienen servicio de drenaje.
Esto es algo más que preocupante que se debe catalogar en el ámbito de la alarma social, porque la calidad del agua es deficiente y el suministro irregular. A el se suma que casi 40 por ciento de la población infantil en México no cuenta con éste servicio en el interior de sus casas, colocando a nuestro país en uno de los últimos a nivel mundial en lo referente a la pésima calidad del cada vez más escaso líquido potabilizado.
En concordancia con el diputado sonorense, el derecho al agua ciertamente impone algunas obligaciones a los Estados: respetar, proteger y cumplir. Mientras que las libertades para los ciudadanos consisten en no ser objeto de injerencias —cortes arbitrarios— por el contrario disponer de agua suficiente, saludable, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico.
El acceso al agua no debe interpretarse de forma restrictiva; por el contrario, debe tratarse como un bien social, cultural y no como un bien económico. Se vale agregar, que conforme y van las condiciones climáticas, el agua, cualquiera que sea su condición natural, a futuro, si no se cuida, se puede convertir en el detonador de conflictos sociales y económicos sumamente graves que pueden poner en riesgo la paz mundial.
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