Uno de los principales desafíos de México es enfrentar las consecuencias de salud, seguridad social y atención que traerá consigo el envejecimiento de su población, porque de no hacer hoy el esfuerzo que esta situación reclama, en el futuro no habrá gobierno que pueda garantizar un mínimo de atención y seguridad.
Al celebrarse el foro Adultos Mayores: Políticas Públicas y Retos Legislativos en la Cámara de Senadores, legisladores, funcionarios y especialistas coincidieron que, ante el rápido envejecimiento de la población mexicana, es necesario fortalecer las políticas públicas para enfrentar el cambio demográfico y garantizar a las personas de la tercera edad su calidad de vida.
Al inaugurar los trabajos, el senador Guillermo Tamborrel afirmó que no se dispone de un marco jurídico para erradicar actos discriminatorios, acciones u omisiones violentas de las que son objeto los adultos mayores, considerando que el respeto a los derechos de los adultos requiere de un nuevo enfoque humanista e incluyente que aplique irrestrictamente el marco jurídico garante.
El diputado Emilio Serrano Jiménez, presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, lamentó que así como hay niños de la calle y ancianos en igual situación, en México no se les da trabajo porque se tiene miedo a que se jubilen.
Apeló a la sensibilidad de los senadores para que aprueben la reforma a la Ley de Seguro Social, “que tiene sin sustento a miles de adultos mayores, a los que se les aumentó un año de cotización como requisito para jubilarse, pues representa una trampa mortal en contra de ellos”.
En su participación Alejandro Orozco Rubio, titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), indicó que el país cuenta con 10.8 millones de adultos mayores y que las previsiones del Consejo Nacional de Población para el 2050 es que el 30 por ciento de la población será adulta mayor.
Con cifras del Consejo Nacional de Evaluación manifestó que el 43 por ciento de la población adulta mayor vive en pobreza moderada a extrema, ocho de cada 10 adultos tiene una carencia social y cuatro de cada 10 ya viven en esa condición.
Patricia Espinoza Torres, subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, resaltó que de 3.7 millones de adultos mayores económicamente activos, más del 56 por ciento labora en el sector terciario, por lo que no muchas veces cuentan con prestaciones sociales y su salario es de los más bajos.
La representante del sector salud, Olga Georgina Martínez, estimó que para el 2050 una de cada cuatro personas será adulto mayor, con expectativa de vida de 85 años y el costo en servicios de salud para ese sector consumirá la tercera parte de todos los recursos públicos.
Otro punto comentado por Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto de Geriatría, refiere que uno de cada cuatro de los hogares en el país es ocupado por adultos mayores solos, que el 90 por ciento de adultos se sienten discriminados, 40 por ciento se siente rechazado socialmente y tres de cada cuatro considera tener nula posibilidad de mejor su calidad de vida.
La consideración final fue: si realmente se quiere alcanzar un país donde se respeten los derechos de todas las personas, hay que tomar en cuenta a los adultos mayores con un enfoque humanista, incluyente, aplicando e impulsando políticas públicas que les otorguen justicia y dignidad, apunte atribuible a los legisladores.
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