Producto de una férrea, tenaz, comprometida, decidida y visionaria actitud política de la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, senadores de todas las fracciones parlamentarias aprobaron la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, cuyas prioridades son mejorar el estado nutricional, prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
El decreto, mediante el cual se expide la Ley, fue producto de un arduo trabajo de cabildeo de legisladores de la LX y LXI Legislaturas por más de tres años, tiempo en el cual se llevaron a cabo foros, reuniones de trabajo con dependencias del Ejecutivo, representantes sindicales y patronales de todo el país, a quienes se logró convencer de las bondades de contar con una legislación de ayuda alimentaria.
Concebida para ser adoptada de manera voluntaria o concertada por los patrones, la norma está dirigida a hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un servicio subordinado y cuyas relaciones labores se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 Constitucional.
Los legisladores determinaron que la ayuda alimentaria no podrá ser otorgada en efectivo y únicamente los patrones que cumplan con tales condiciones “podrán recibir beneficios fiscales”, es decir, gastos destinados a servicios de comedor o la entrega de despensas o vales para despensa o para consumo de alimentos, serán deducibles de acuerdo a las leyes del IETU e ISR.
Los ingresos del trabajador estarán exentos por prestaciones de previsión social para el empleado, en los términos de la Ley del ISR y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social.
Hacer cumplir la Ley será responsabilidad de una comisión tripartita integrada por un representante de las secretarías del trabajo, quien la presidirá; de Salud y otro de Hacienda, así como tres de organizaciones nacionales de trabajadores e igual número de los empresarios.
Se cuidó que esta ayuda alimentaria no incluyera bebidas alcoholicas y el objetivo fundamental es que los trabajadores resulten favorecidos del consumo de una dieta correcta; mejoren sus condiciones nutricionales para así mejorar su calidad de vida, además de que disminuirán los accidentes laborales y se aumentará la productividad.
Otro de los factores importantes que llevaron a la aprobación de la Ley de Ayuda Alimentaria se refiere a las altas proporciones de gasto corriente que los trabajadores dedican a la alimentación, estimado entre el 22 y 38.3 por ciento de su gasto total, lo que cambiará sustancialmente en su beneficio en cuanto se instrumenten debidamente las acciones y disposiciones aprobadas.
Contemplada conforme a un principio de equidad, no se dará trato diferenciado a los obreros y empleados en función del tamaño, capacidad económica o administrativa de la empresa en donde laboran y al incluir la posibilidad de que los patrones otorguen la alimentación a través de terceros como son restaurantes u otros establecimientos, se conseguirá una buena nutrición, reducir el número de accidentes y días de ausentismo por enfermedad, así como, disminuir los costos en servicios de salud a largo plazo que destina el sector salud.
La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores es realmente positiva y trascendental para ayudar a las familias mexicanas. Habrá que esperar si realmente hay la voluntad de cumplirla.
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