Lo Cotidiano con Clase

Los mexicanos con alguna discapacidad ya no serán objeto de discriminación, hostigamiento ni compasión mal entendida; por el contrario, recibirán el reconocimiento y trato digno que merece cualquier persona asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Esto será factible ya que el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 84 votos, una minuta que crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que sustituye a la de las Personas con Discapacidad emitida el año de 2005 y que fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Producto de más de dos años de intensos trabajos, reuniones y consensos, conjuntándose el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de Diputados y Senadores de la LX y LXI legislatura, el nuevo ordenamiento jurídico, también contó con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a quienes compete la ejecución de las disposiciones aprobadas.

La trascendencia de esta nueva ley consiste en emitir un marco jurídico que armonizará la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llena los huecos en la legislación vigente actual y evitará posibles controversias e incertidumbre jurídica.

De igual manera, el Estado estará obligado a promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equidad de oportunidades.

Adicionalmente, se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, que formulará políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la propia ley que permitan, a quienes tengan alguna discapacidad, gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación.

A través de 60 artículos distribuidos en cuatro títulos y 20 capítulos, la ley se enfoca, como lo marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a cambiar una visión tradicionalmente centrada en el asistencialismo a una cuestión de respeto de los derechos humanos y rompe un paradigma que lesiona a más de 10 millones de personas con discapacidad y sus familias en México.

Se avanza en el respeto de todos los derechos de las personas que viven esta circunstancia física, al prohibir conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad personal, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, y obliga a la Secretaría del Trabajo a la promoción del derecho al empleo en igualdad de oportunidades y equidad, otorgándole certeza en su desarrollo personal, social y laboral.

También diseñar políticas públicas para la inclusión laboral atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso.

En materia educativa, se procurará equipar planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille y equipos computarizados con tecnología para personas ciegas.

La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad constituye, además de un gran compromiso a todos los niveles, la base a través de la cual se habrán de regir las necesarias reformas a otros ordenamientos jurídicos para continuar en el camino hacia una legislación nacional que trate a todos por igual, colocando a México a la vanguardia mundial en este sentido.