En colaboración anterior se comentó que los diputados aprobaron diversas reformas mediante las cuales se considera como robo tipificado, delincuencia organizada y delito grave, la sustracción de productos refinados de los ductos transmisores o de las instalaciones de Pemex.
También, que el Ministerio Público Federal contaría con instrumentos realmente eficaces para combatir este delito que constituye una enorme sangría para las finanzas de la paraestatal y, sobre todo, porque pone en grave riesgo a la población cercana a los sitios en donde se lleva a cabo esta ordeña. Una semana después, con celeridad inusual, los senadores respondieron y rechazaron algunos cambios aprobados en San Lázaro. No consideran delito grave y delincuencia organizada aplicable a quienes posean o resguarden hidrocarburos, sobre todo si el sujeto activo que detente la posesión de estos productos lo hace con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.
De igual manera, al fundamentar el dictamen, el senador Alejandro González Alcocer dijo que no aceptaba las modificaciones de los diputados, ya que en el fondo lo que subyace es tratar de suplir a través de la ley las deficiencias tanto de Pemex como de la procuración de justicia. Como complemento a las modificaciones que finalmente se aprueben a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Janet Graciela González Tostado, diputada del Partido Revolucionario Institucional, propone establecer un programa de denuncia ciudadana contra tomas clandestinas en ductos de Pemex. Lo implementarían Petróleos Mexicanos, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República, dependencias que además de inhibir el robo de combustibles, contarían con mayores facilidades para ubicar las tomas, y a las bandas de “vampiros”, como se conoce a los que perforan ductos para extraer combustibles y que robaron en 2010 un total de 1,7 millones de barriles.
La denuncia ciudadana permitirá bajar el índice de pérdidas de Pemex en ese rubro, que actualmente es del orden de los tres mil millones de pesos anuales, según datos atribuidos al propio director de la paraestatal. Además, provocará un superávit y quizá en el corto plazo la baja en el costo del combustible o la detención de los incrementos. Las tomas clandestinas constituyen un problema de seguridad nacional, los combustibles sustraídos bajo este sistema equivalen al 0.4 por ciento de la producción anual de Pemex y el número de tomas clandestinas pasó de 462 en 2009 a 710 el año pasado, lográndose desarticular tres bandas a quienes se les confiscaron unos 200 millones de dólares. En el punto de acuerdo propuesto, que analizan las Comisiones de Energía y de Seguridad Pública, la diputada González Tostado destaca la importancia de que el programa cuente con los candados y mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de los datos del denunciante “ya que en muchos de los casos descubiertos e investigados, se ha podido comprobar la participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno”.
Se plantean estímulos mediante tarjetas de descuento de combustible u otro mecanismo, coordinados entre Pemex, SSP y PGR para quien denuncie la presencia de una toma clandestina– en muchos casos localizada debajo de inmuebles privados por donde pasa el ducto– o la operación de una banda delictiva dedicada al robo de combustibles. Es oportuno acotar que de nada sirven reformas jurídicas con el consecuente endurecimiento de las sanciones económicas o privativas de la libertad, si no se constituye un eficaz sistema de investigación y una cultura de denuncia ciudadana. De ahí, lo relevante del programa propuesto.
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