Sustentada en estudios provenientes de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa que prohíbe la utilización del trabajo de los menores de quince y dieciséis años si antes no concluyen su educación obligatoria, reformando al mismo tiempo el artículo 123 de la Constitución.
La propuesta partió de Nueva Alianza a través de la diputada Elsa María Martínez quien también planteó que, en el caso específico de mayores de dieciséis años, puedan prestar libremente sus servicios, con las limitantes establecidas en esta ley. La legisladora destacó que la grieta en la actual legislación permite el trabajo desde una edad que no es recomendada por la OIT, lo cual es un factor determinante, al provocar que los niños que no han acabado su educación básica entren a trabajar y tal vez nunca dejen de hacerlo, renunciando a la actividad educativa.
El trabajo de los niños es una grave violación a los derechos elementales de la infancia, ya que en México, según los últimos resultados publicados, hay 3 millones 647 mil 67 trabajadores entre 5 y 7 ños, de un total de 29 millones 203 mil 394 niños y niñas en este mismo rango de edad. ignifica que 12.5 por ciento de la población infantil en esos niveles de edad está trabajando. Sobre cifras duras, la diputada Martínez Peña informó que la mayor parte de los niños y las niñas que trabajan ha cumplido los 14 años y representa el 69 por ciento, pero 31 de cada 100 tienen entre 5 y 13 años, esto es que, 31 por ciento de odos los trabajadores infantiles —casi la tercera parte— no tienen la edad mínima establecida por la Constitución Política de nuestro país, y la propia Ley Federal del Trabajo.
Especificó que de la población de 5 a 17 años que trabaja, 67 por ciento son niños y 33 por ciento niñas, y por cada niño o niña de la ciudad que desempeña un trabajo y es menor a 14 años, aproximadamente 3 se encuentran en esta misma situación en las zonas rurales. Relativo a la Cepal, ésta recomienda que los infantes estudien de 10 a 12 años, preferentemente a nivel de educación secundaria completa, ya que hay un 80 por ciento de probabilidad de no caer en la pobreza, y porque cada año menos de educación básica, se refleja en un 10 por ciento menor de ingresos en la vida adulta; y si trabajan sin asistir a la escuela, la percepción económica puede bajar hasta seis veces.
Para la OIT, la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo, puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, especialmente asociados con las inversiones en una escolaridad de calidad, y en unos mejores servicios sociales. Incorporar a los hijos al trabajo productivo, a sumar su trabajo al resto de la familia con el fin de “salir adelante”, sin un nivel escolar suficiente, esfuman las posibilidades de tener un empleo bien remunerado, negando toda posibilidad de elevar el nivel de vida, perpetuándolos no solo a la desigualdad social, sino también, a la pobreza, se añade en el estudio del organismo internacional. El reto ahí está. Es exigible a diputados y diputadas que integran la LXI Legislatura levantar el guante y darle para adelante. El futuro de toda nación está en sus niños y jóvenes, y la nuestra no es la excepción.
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