Capturado Abel Silva Petriciolet, confeso de secuestros y asesinatos de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua, así como encabezar 22 plagios, incluidos los de 10 menores de edad y 8 ejecuciones, no acepta esa investigación el procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
El funcionario capitalino, francamente apoyado por el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, insiste que participó en los homicidios de dichos jóvenes Sergio Humberto Ortiz Juárez “El Apá”, de la banda “La Flor”.
Se aferra el procurador Mancera en poner en duda el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. E inventa que tienen conexiones las bandas de “La Flor”, “Los Tiras”, Los Petriciolet y el hampón José Antonio Jiménez Cuevas “El Niño”.
Jiménez Cuevas fue el primer detenido de la pandilla de los Petriciolet y señaló una casa ubicada cercana a Xochimilco, donde estuvo plagiado Fernando Martí. Luego fueron detenidos cinco de sus cómplices.
A partir de la detención de Jiménez Cuevas, el procurador Mancera intentó lavar su fracaso y elaboró la historia de que los acusados por él, entre otros “El Apá” y Lorena González Hernández “La Lore”, ultimaron a Fernando Marti. Esta mujer ni es güera ni tiene ningún parecido con la mujer que disfrazada de policía detuvo el vehículo de Martí.
El matón de tantos secuestrados, Silva Petriciolet, afirmó al ser presentado ante periodistas el miércoles pasado que ni conoce a “El Apá” ni a “La Lore”, ni nadie de “La Flor”.
Sin embargo, el procurador Mancera se obstina en tener la razón y agrega a sus “pruebas” la versión de que en la mayoría de los secuestros es escuchada una misma voz, la del negociador. Ni expertos en telefonía se atreven a identificar voces a través de ese medio y por eso no es tomada en cuenta en los procesos penales.
Además, el señor Mancera se sale por la tangente al decir que un juez habrá de determinar quiénes son los asesinos de Martí y Equihua. Un juzgador se basa en pruebas documentadas para dictar sentencias y no está entre sus funciones la labor de agente del Ministerio Público.
En el pasado y en estos días se ha visto que los jueces son presionados y aceptan consignas para dictar órdenes de aprehensión o sentencias arbitrarias. Por ello, está la justicia por los suelos.
Un caso reciente, detestable, es el de la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien con otras dos mujeres fue acusada de secuestrar a seis agentes de la ya extinta Agencia Federal de Investigación.
Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y al cabo de dos fue liberada, gracias a la apelación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Estas maldecidas arbitrariedades son auspiciadas e incluso ordenadas desde lo alto del actual régimen.
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