Apesar de los errores que ha cometido el procurador general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pretende hacerle un reconocimiento a su destacado trabajo.
La ignorancia, la impunidad, la protección que los mismos elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF) dan a la delincuencia organizada, ya es un mérito para los legisladores locales.
Hace 15 días, en el pleno de la ALDF, diputados del PRD subieron al pleno del recinto legislativo para presentar un punto de acuerdo, el reconocimiento por su destacada labor, al frente de la PGJDF, a Miguel Mancera.
Como era de esperarse los diputados del PRD, como son mayoría, la propuesta fue aprobada.
Le harán un reconocimiento porque logró meter a la cárcel a gente inocente en el secuestro de Fernando Martí.
En este caso, la declaración de un presunto asesino de los menores Fernando Martí y Eduardo Equihua, secuestrados y asesinados en la ciudad de México, chocaron con las acusaciones de la PGJDF.
Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García, de 31 años de edad, presunto plagiario y asesino de los jóvenes Fernando Martí y Fernando Equihua, integrantes de la banda de Los Petriciolet, dijeron la verad.
Robles Hernández dijo desconocer con quién pudieran estar relacionados Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apá, y Lorena González Hernández, alias La Lore, presuntos integrantes de la banda de La Flor.
Este es uno de los tantos casos donde se fabricaron delitos a gente inocente que, posiblemente estén tras las rejas, y por falta de dinero para pagar un buen abogado no puedan salir libres.
Los diputados locales también le van a festejar al procurador capitalino, Miguel Ängel Mancera, que de las oficinas de los fiscales, se proporcionen direcciones, nombres y todo tipo de datos de las víctimas de delitos a abogados y familiares de los delincuentes.
El 17 de marzo pasado, fueron detenidos, por la PJDF, Cristian César Paredes López, y Adrián Correa Gama, responsables de secuestros express y robo con violencia a automovilistas. A ocho personas las despojaron de sus autos y dinero en efectivo.
Fueron consignados ante el juzgado 46 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, pero cinco días antes de la primera audiencia, dos personas, entre estas una mujer que sólo dijo ser abogada de los delincuentes, visitó en sus domicilios a las víctimas.
Con formas hostigadoras y amenazantes les dijeron a los denunciantes que cuando se presentarán ante el juzgado, no identificaran a los presuntos delincuentes.
Y, ahora las víctimas temen por sus vida, y no obstante que en el juzgado 46 tiene pleno conocimiento de los hechos, así como el Ministerio Público, estos nada hacen y permiten que dichas mujeres estén presenten en los juicios y con la mira intimiden a las víctima.
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