Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Ramírez de la Parra aceptó que en México el modelo de gestión del agua presenta diversas fallas y ello se refleja en la calidad del agua.
Transformación que indicó se debe comenzar a realizar desde los municipios que son los encargados de la dotación del líquido desde hace más de 30 años. «Debe darse mayor participación a la autoridad estatal entidad con leyes nuevas como es la aplicada en la Ciudad de México.
En donde se tiene un sistema para las 16 delegaciones, así como replicar modelos como el que opera en Monterrey y Guadalajara, que debe ser copiado en pequeños municipios, sin olvidar el impulso del servicio profesional de carrera del agua.
Lo cual, recordó este organismo lo ha estado impulsado con la Universidad del Agua y los cursos que imparte a personal técnico en esta área.
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Aceptó que los sistemas de tubería en su gran mayoría tiene grandes fugas y se debe invertir en mejorar esta infraestructura para que la gente la tenga agua en más cantidad y calidad.
Igualmente, expuso que en materia de infraestructura subutilizada están diversas plantas tratadoras que tras manejar el agua negra y gris la arrojan a los ríos al no saberla canalizar a sistemas de riego u otros usos.
Aceptó que muchas regiones del país tienen agua contaminada, ejemplo de ello es la región de la Comarca Laguna; de ahí que se analice caso por caso los contaminantes presentes y su remediación.
Sin embargo, Fernando González Villarreal, Director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del agua en la UNAM, comentó a Mi Ambiente que en México en su red de abastecimiento de agua y se ha encontrado parámetros muy preocupantes; por una parte un 18% de la población del país no recibe agua a diario que refleja una calidad del servicios deficiente.
Lo cual favorece a la contaminación del sistema, y que ello obliga a que la gente tenga tinacos o cisternas que al final acaba repercutiendo la calidad del agua, que atañe en la Norma 027 en la materia; igualmente se tienen zonas en donde la dotación desigual del agua, privilegiando diversas regiones u entidades.
Ejemplificó que en entidades Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, tienen zonas que sólo tienen acceso al agua unas 4 horas a la semana; lo que implica no darle aplicación al derecho humano al agua.
Sobre la ley del Agua para el año 2017, explicó que en el tema de la participación de la iniciativa privada en este rubro, dijo que «debe distinguirse el acceso al agua de calidad para la población que es recibido por sistemas de organización público. Pero este servicio funciona con baja eficiencia. Se tienen tres casos privados que es Cancún, Aguascalientes y Saltillo que tienen concesiones público-privado del agua y, el problema en ello es ya dogmático, cuando el tema a discutir es tener un servicio de calidad».
El abastecimiento del líquido para la población se está ubicarse en un 93.4% que tiene infraestructura para recibir agua, más, para diversos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ello no significa que la reciban, aunado a que falta un real plan nacional de fomentar sistemas de captación de agua pluvial.
El titular de la CONAGUA, indicó que el mayor reto es llegar a poblaciones dispersas que igual no tienen acceso al agua de lluvia. Ya que el poner una tubería en sitios muy alejados no es una solución por el alto costo de operación de la misma, que le hace incosteable para gente que en su gran mayoría vive en pobreza extrema.
Cabe mencionar que en México, un 20% de sus acuíferos están sobreexplotadas; de ahí que se esté regresando a la política de llenado de presas para tener agua, que al momento, explicó permitir que el país tenga agua para los siguientes dos años. Y no deben agua a Estados Unidos sobre el tratado fronterizo sobre el líquido.
Sobre los recortes presupuestales que padecerá el organismo, De la Parra, indicó que el ajuste se presentará en los subsidios de agua potable y agrícola, aunado a fusionar diversos programas para eficientar recursos económicos. La CONAGUA verá disminuidos sus recursos en un 30% su presupuesto en gasto corriente y subsidios para que los organismos operadores sean más eficientes en sus manejos.
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