Palíndromo

* Tarjeta sin hambre
* Ganaron los consejeros
* Recomendación de la CNDH

* LOS RESULTADOS de varias encuestas, entre éstas la realizada por Consulta Mitofsky, indican que los programas aplicados por la Sedesol son los más mencionados por los ciudadanos en todo el país. Destaca la información de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que lleva a cabo la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Este programa ha beneficiado ya a 250 mil familias de 400 municipios con la entrega de apoyos mensuales a través de la Tarjeta sin Hambre. La cruzada, según las encuestas, es un de las acciones cumplidas. Los programas que también se consideran realizados son: Pensión a los adultos mayores de 65 años y el Seguro de Vida a Jefas de Familia.

Las encuestas también destacan que el Programa Oportunidades lleva beneficios a más de 30 mil localidades, la mayoría donde hay población indígena.

* LOS EXCONSEJEROS del Instituto Electoral del DF, que se otorgaron un bono de más de 2 millones de pesos cada al terminar su trabajo el pasado fin de año, se quedaron con ese bono, a pesar de quejas y denuncias que se presentaron por esta situación, entre las que están las de varios diputados de la ALDF. El contralor general del IEDF, Miguel Angel Meza, informó que no hay ninguna irregularidad en la adjudicación de ese dinero de los exmagistrados. El diputado Eduardo Santillán Pérez informó que esta acción demuestra un conflicto de intereses porque el actual contralor, con esa resolución, se beneficiará y recibirá también su bono igual.
El legislador hizo un llamado a los exconsejeros para que en un acto de moralidad regresen los bonos y, con ello, limpien su prestigio. Lo más seguro es que los exconsejeros no le hagan caso e ignoren su llamado.

* LA COMISIÓN Nacional de Derechos Humanos, a través de la Recomendación 32/2013, determinó que la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría de Justicia del DF y el Tribunal Superior de Justicia del DF violaron los derechos humanos de la señora Ana María Orozco y de sus hijos durante el procedimiento penal que encausó Ana María al reclamar la pensión para sus hijos al exministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, y la mandaron a la cárcel donde permaneció encerrada 12 meses. Por tal situación, las autoridades capitalinas deben ofrecer una disculpa pública. Ojalá y atiendan la recomendación para borrar, cuando menos un poco, esta injusticia cometida por el tráfico de influencias.