La Cámara de Diputados tiene a discusión una minuta de Ley General de biodiversidad (LGB) que fue aprobada en el Senado, legislación que se indica pondrá en riesgo el patrimonio natural de nuestro país, denunció la Coalición Ciudadana ante la LGB, que esta integrada por diversas organizaciones civiles y ambientales.
Alejandro Olivera, director general del Centro para la Diversidad Biológica, detalló que en entrevista que al no abrir a consulta previa, libre e informada, se perdió la oportunidad de que la Senadora promovente del Partido Verde (PVEM), Ninfa Salinas, y demás integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales conocieran distintas propuestas de la ciudadanía.
Lamentó que la senadora Salinas, que es señalada como una persona con conflicto de interés para crear esta iniciativa, ya que tiene interés en una empresa minera en Los Cardones, que detalló, le vetarían de crear estas leyes, que se avisora es edificada a modo propio.
Aunado a que esta legisladora, que ha sido promovente de la ley forestal o de biodiversidad, ha sido apoyada en todo momento por la Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT), cuyo titular, Rafael Pacchiano, que acude al recinto legislativo para decir que estas leyes son lo mejor que se puede tener en el país, pero, declaración que hace sin analizar lo que conlleva dichas iniciativas.
Lamentó que se den estas aprobaciones en el último minuto y de madrugada estas aprobaciones de leyes que están afectado los ecosistemas nacionales y que no se consulte a la opinión pública.
Por ello, la Coalición exige a la Cámara Baja se respete el derecho humano a participar y que no se repliquen las malas prácticas legislativas de su colegisladora en el Senado, abriendo el proceso de dictamen a una consulta ciudadana amplia, efectiva y culturalmente adecuada.
Estas ONGs han detallado que en México tiene 182 ANP, que juntas suman 90 millones de hectáreas; es decir, 10.5 por ciento del territorio nacional, y que en todo el país las mineras se han apoderado de un millón 550 mil 704 hectáreas debido a que obtuvieron mil 968 concesiones. Aunado a que en las ANPs se han otorgado 57 mil 255 hectáreas para proyectos mineros.
Explicó que no se pide que no se actualicen las leyes, sino que se lucha para que las nuevas iniciativas se amplíen a la opinión generalizada y que se respete la preservación biodiversa y no sólo se hagan leyes para hacer negocios y se sea espectador inerte, papel que denunció ha sido el caso de SEMARNAT y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), emanados del Partido Verde de donde es la legisladora Ninfa Salinas.
Entre los mayores riesgos que se perciben en esta nueva legislación es que en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), se tendrá una mayor presencia de minería que dañara a estos sitios biodiversos. Situación que los legisladores como la CONANP, da la impresión que por interés propios no se actúa en remediar esta realidad.
En un estudio del Dr. Alfredo Ortega Rubio del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, detalla que son un total de 63 ANPs federales presentan traslapos con concesiones mineras y 13 de las cuales, además tienen uno o más proyectos mineros (29 en total).
Los minerales a extraer mencionados en los títulos de concesión y en los proyectos mineros están dirigidos principalmente a minería metálica. Por categoría de manejo, las Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF), Áreas de Protección de los Recursos Naturales (APRN) y Reservas de la Biosfera (RB) tienen una mayor incidencia de concesiones y proyectos mineros, y de estas, las APRN tienen la situación más crítica, ya que 6 de las 8 ANP que hay con esta categoría tienen un total de 13 proyectos mineros y el 46% del superficie total de concesiones mineras en ANP.
Mientras tanto Monumentos Naturales (MN), Parques Nacionales (PN) y Santuarios (S) tienen proporcionalmente una menor incidencia de concesiones mineras además de no presentar proyectos mineros. (Ante que acciones u datos sobre este tema que podría dar a conocer la CONANP se tuvo nula respuesta de su área de comunicación social).
El activista denunció las incongruencias en materia de vida silvestre de esta ley, como es debilitara las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), la participación ciudadana y el acceso a recursos genéticos contenidas en esta minuta.
Además, el documento en revisión por la Cámara Baja, que fue aprobado la noche del último día del periodo ordinario de sesiones en el Senado, contiene una serie de prebendas para sectores económicos ampliamente favorecidos por las cúpulas en el poder, como la industria minera y empresas de bioprospección, sin que se les sujete a una perspectiva de derechos humanos, con lo que sus actividades pueden generar efectos negativos sobre la biodiversidad.
Esta iniciativa se denunció no tomó en consideración a los pueblos indígenas y sectores involucrados en la biodiversidad, ya que no se realizó una consulta previa, libre e informada. Además, se limitó la participación ciudadana mediante un proceso cerrado y poco transparente, negociando solo algunas propuestas con un grupo limitado y no representativo de exfuncionarios públicos y organizaciones que fue seleccionado por la presidencia de la Comisión en el Senado.
Ejemplos de estas modificaciones de ley que permitirán mayor impacto minero es el artículo 147 señala: “En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación o regularización de nuevos centros de población”.
Otra de las reformas que beneficia a las empresas extractivas, de acuerdo al artículo 200, es que se permite que dichas compañías asentadas en los polígonos de vida silvestre lleven a cabo sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del Gobierno Federal.
En el transitorio vigésimo sexto, la nueva disposición establece un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para elaborar un estudio que identifique aquellas ANP que hayan sido transformadas sustancialmente, en las cuales no es factible realizar medidas para restaurar los ecosistemas originales, a fin de decretar el cambio de uso de suelo hasta la desaparición de la denominación de ANP.
MÉXICO, UN CAOS EN CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD
Gerardo Ceballos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declaró que se vive una grave crisis en preservación de la biodiversidad y que en los pasados 100 años las especies que se extinguieron debían haber vivido en el planeta por otros 10 mil años.
En México, de acuerdo a datos de diversas universidades indican que una de cada 4 especies puede extinguirse por causa del hombre en 30 años; y que en la última década aumentaron en 27.7% las especies en peligro de extinción en el territorio, así como que al año se pierden por deforestación, cambio de uso de suelo poco más de 600 mil hectáreas de manglares, bosques y selvas.
También pide que el país, actúe para frenar la deforestación y que SEMARNAT y SAGARPA, por fin en la realidad, y no sólo en el papel como sucede al momento establezcan trabajos para cuidar los ecosistemas.
En el caso mexicano, explicó que la apuesta nacional de crecer en áreas protegidas no es un error, sino que los planes de manejo en verdad deben ser aplicados con recursos económicos acordes a esas realidades, ya que sería un error declarar ANPs y dejarlas en el olvido al día siguiente.
ACCIONES QUE SUGIEREN LAS ORGANIZACIONES CIVILES
Para ello, la Coalición hace un llamado a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que:
Amplíen el turno de esta minuta a las comisiones ordinarias de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas para que, en Comisiones Unidas, realicen el dictamen correspondiente, toda vez que la minuta aborda temas de interés de dichas comisiones.
A quienes integran la/las comisiones que reciban el turno para que:
Elaboren el dictamen en apego a los principios de Parlamento Abierto, que implican una amplia participación ciudadana, transparencia en el proceso y máxima publicidad del mismo, en un marco de respeto a los derechos humanos de quienes pudieran verse afectadas/os por la aprobación de esta minuta.
A la sociedad en general:
A que conozcan la minuta y los riesgos que implican para los derechos humanos y el ambiente, y se sumen a esta Coalición Civil ante a la LGB en la defensa de la biodiversidad exigiendo a la Cámara de Diputados que abra el proceso de dictamen al escrutinio público y fomente la participación ciudadana.
Entre los organismos denunciantes se encuentran Greenpeace México, A.C., Defenders of Wildlife de México, Teyeliz A.C., Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad – Capítulo México, Eco Maxei Querétaro, A.C., Centro para la Diversidad Biológica.
PNUMA, EN DECLIVE LA BIODIVERSIDAD GLOBAL
Ibrahim Thiaw, Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA, dijo que se tiene que actuar «más rápido y mejor» para conservar la biodiversidad. Recordó que durante las últimas tres décadas se destruyó el 10% de la biodiversidad mundial y el 50% de los bosques y se perdió el 90% de los stocks de grandes peces.
Señaló que la reducción de la biodiversidad también disminuye la productividad del ecosistema y los servicios que los seres humanos obtienen gracias a la naturaleza.
Thiaw urgió a los países a combatir el uso ilegal de los recursos naturales, incrementar las acciones y fortalecer las políticas para proteger, conservar y restaurar la biodiversidad, así como promover el uso sostenible del medio ambiente.
De acuerdo a este organismo internacional sólo el 5% de las naciones firmantes de las Metas de Aichi cumplirán los objetivos de preservación en biodiversidad.
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