La campaña contra la credibilidad del Presidente Enrique Peña Nieto ha logrado su objetivo. El ejemplo claro, contundente, de que es un montaje político para dañarlo. La explosión de gas por una pipa que descargaba el combustible en un hospital de Cuajimalpa, en las redes filtraron que fue armado por el gobierno para desviar la atención sobre el caso de los normalistas desaparecidos. Hay gente que lo cree o le genera dudas.
Los papás de los normalistas son llevados a Ginebra para acusar ante Naciones Unidas al gobierno de Peña Nieto. El caso fue realizado por una banda de delincuentes, desde el presidente perredista de Iguala, por su esposa, por la policía municipal y por una banda apoderada de un amplio territorio de Guerrero. Unos 40 municipios no tienen alcalde, lo gobiernan con policía llamada voluntaria, pero esta al servicio del crimen.
Después de la maniobra criminal de la desaparición, ya con días transcurridos, intervino el Gobierno Federal. Una operación múltiple. Buscar a los delincuentes, a los policías delincuentes. Y a los normalistas. De la nada se reconstruyó el escenario. Los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida y fueron incinerados. Pero no creen. Dicen que es manipulado por el procurador Jesús Murillo Karam. Y así, hacen campaña contra Peña Nieto por las casas, de su esposa y de él. Le han pegado a diestra y siniestra. Hoy, Enrique Peña ha pedido se le investigue sobre el delito de “conflicto de intereses”. Es un acto histórico. Se da el primer paso contra la corrupción. Merece un reconocimiento público.
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