Nos referimos al recorte del presupuesto de egresos de la federación, que, se anunció en su oportunidad, alcanzaba un monto de 124 mil millones de pesos. Se dijo entonces que el recorte no afectaría, entre otros, a los ramos de educación y de salud. Así se asumió. Así se espera.
Pero una cosa es lo dispuesto por el titular del Ejecutivo federal y otra lo que ocurre en instancias sucesivas de la jerarquía administrativa: secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, directores de áreas relacionadas con el ejercicio presupuestal. A ellos no llega la decisión legislativa en la materia, cuestión harto discutida en el seno de Comisiones y del pleno de la Cámara de Diputados, uno de los tres poderes del gobierno de la República en cuyo ámbito se encuentra la facultad de discutir y aprobar el PEF y de vigilar y revisar su cumplimiento, tareas a cargo de su órgano fiscalizador, la Auditoría Superior de la Federación.
Hemos escuchado a través del transcurrir legislativo cualquier cantidad de reclamos por la discrecionalidad con que en ocasiones se actúa en el ejercicio presupuestal, vía transferencias, aplicada por la Secretaría de Hacienda, en primera instancia, y después por las dependencias a cargo de los ramos. Aunque más que hablar de éstas deberíamos referirnos a los servidores públicos a cargo.
El titular del Ejecutivo emite una orden de acuerdo a su visión general de gobierno, los secretarios se aplican a su cumplimiento según miran el grupo de árboles de su parcela. Luego siguen las instancias operativas: subsecretarios, oficiales mayores, coordinadores, directores.
Sí, el presidente de la República tiene a la vista el conjunto y visión de corto, mediano y largo plazo. Decide en consecuencia. Pero instancias subsecuentes se refugian en la explicación: “son órdenes”. Con razón o sin ella. Sin una adecuada percepción del momento de la nación. Ilustran palabras de Aurelio Nuño a El País, (Luis Prados/Jan Martínez Ahrens, 7 dic 2014): “…No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Se dirá que la expresión, como se refiere, está fuera de contexto, pero de alguna manera refleja la actitud del más joven de la llamada triada de Los Pinos.
No es que la plaza pública pida sangre. Es que la “sangre” brota de heridas de amplios sectores de los gobernados. Muchos han sido agraviados por decisiones discutibles, por no decir equivocadas, de instancias inferiores en la jerarquía gubernamental. Entre ellos encontramos a productores rurales que demandan atención y no son atendidos con oportunidad en dependencias y entidades a cargo del sector. Trabajadores de CONACULTA a quienes no se cubren sus percepciones a tiempo, como ocurre con médicos residentes en instituciones del sector salud. A la Universidad Obrera de México, desde una dirección x de la SEP, seguramente sin el conocimiento del titular Emilio Chuayffet Chemor se le informa que el apoyo financiero que año con año se le proporciona ha sido cancelado. Vaya, con esto alguien pretende la desaparición de una institución que cumplirá 80 años de existencia, que tiene reconocimiento internacional, que es custodia del Archivo Vicente Lombardo Toledano, uno de los más importantes en la historia del movimiento obrero de México y de otros valores similares.
Seguramente de esto último no está enterado el titular de la Secretaría, distinguido jurista y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mucho menos el Presidente Enrique Peña Nieto.
Por ello la pregunta: ¿Qué recorta el recorte? ¿Acaso el recorte considera la voluntad del legislador que aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación?
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