El gobierno de México no es represor y la imagen que se ha formado a nivel internacional de nuestro país “no es algo que merecemos como Estado mexicano”, defendieron ante expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diputados de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el caso de Ayotzinapa.
Los acontecimientos del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han golpeado sensiblemente a México por tratarse de un atentado en contra de jóvenes, pero en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas estuvo involucrada la delincuencia organizada, ligada al narcotráfico, además que el gobierno local no actuó oportunamente.
El presidente de esa comisión de la Cámara de Diputados, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), expuso que el caso aún permanece abierto y existen muchos otros ámbitos en los que puede actuar la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecerlo y cuyas conclusiones serán incluidas en las que, eventualmente, también presente el Poder Legislativo al finalizar sus actividades.
Actualmente, algunos integrantes del grupo interdisciplinario de la CIDH realizan entrevistas en Iguala a familiares de las víctimas y sobrevivientes de los hechos, informaron a los diputados.
La guatemalteca Claudia Paz y Paz aclaró que su trabajo y el de sus colaboradores en México no pueden sustituir al Estado en la investigación, planes de búsqueda de los desaparecidos o en la reparación de daños a los familiares de los 43 normalistas.
Su labor consiste en emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes para aclarar el caso, en un plazo de tres meses, con prórroga de seis, de acuerdo al mandato de la CIDH y a los tratados de los que México es parte.
El también integrante del grupo Francisco Javier Cox Vial, de Chile, expuso que trabajan en las oficinas de la PGR revisando el expediente, el plazo es muy breve y los hechos son bastante complejos, por lo que se procedió a dividir las tareas para avanzar más rápido.
Los expertos, entre ellos Ángela Buitrago, de Colombia, explicaron que una ley para combatir la desaparición forzada en México debe considerar la tipificación uniforme del delito; protocolos de búsqueda para coordinar a las autoridades y no perder tiempo valioso en el esclarecimiento de los hechos y adecuar planes de búsqueda e investigación, al igual que en la reparación de daños.
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