Inicio del tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Nos acercamos al cumplimiento de la primera mitad de un régimen que comenzó con buenos augurios. Uno de los mejores, el acuerdo entre las dirigencias de los tres principales partidos políticos, al que luego se agregaría el Verde Ecologista, para emprender reformas cuyos resultados pronto habrán de verse.
En esos acuerdos encontraremos caminos que conduzcan a la superación de rezagos que agobian a la mayoría de los mexicanos. Rezagos en la economía y sus consecuencias, una de las más sentidas la referida a empleo y bienestar. Empleos en los cuales fundamentar mejores formas de vida para las generaciones actuales y las sucesivas. Con el agregado de la certidumbre.
Los plazos se cumplen. La instrumentación de las reformas se opera puntualmente. Sigue la operación que habrá de dar paso a mejores escenarios a lo largo y lo ancho del país. No hay entidad, región, de la República que no acuse el impacto de los cambios, de las inversiones.
Los presupuestos previstos para los programas sectoriales, necesariamente multianuales, contemplan derramas significativas en la vida de las comunidades nacionales. Pero para que los resultados sean óptimos, los tres poderes y los tres órdenes de nuestro sistema de gobierno deben funcionar con mayor eficiencia y mayor eficacia.
Los esfuerzos federales deben encontrar cabal correspondencia en los ámbitos estatal, del Distrito Federal desde luego, y municipal. Para su correcta operación los gobernados esperan contar con servidores públicos idóneos para el cumplimiento de las tareas. Son muchas. Cada vez más complejas.
Tareas complejas. Es decir, el entramado de decisiones y acciones, inmersas en marcos de estricta responsabilidad ética, es tal que demanda, además de vocación, habilidades, conocimientos, que no son frecuentes en los aspirantes a cargos de elección y de designación. Desde los niveles primarios de la jerarquía administrativa hasta los superiores.
Revísense los directorios de ayuntamientos, gobiernos de las entidades federativas, de las dependencias federales; de los poderes legislativo y judicial, y encontraremos a servidores públicos que carecen de la calidad que las tareas demandan. Esto desde el punto de vista de aptitud. La actitud es otro de los factores a considerar, y no se diga lo relativo a probidad y decencia.
Desde esta perspectiva, pareciera que medidas anunciadas unas, en proceso otras, por el Presidente Enrique Peña Nieto, fueran contrarias al ser federal y federalista de nuestra organización política nacional. Nada hay de eso. De lo que se trata es de subsanar carencias, deficiencias, insuficiencias, desviaciones, en el hacer de los gobiernos locales y municipales, sin que esto quiera decir que malas prácticas sólo se presentan en ellos. Algo de eso es claramente apreciable en la transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral. Procesos electorales locales ha habido cuestionados por supuestos abusos de servidores públicos o de particulares.
En otro de los ámbitos del hacer nacional aparece como fundamental, para andar bien por el camino de la operación gubernamental, la construcción de un sistema nacional anticorrupción. Un sistema aplicable a los tres poderes y los tres órdenes. Implícito, se aprecia, en las propuestas del presidente de la República en su mensaje del jueves pasado.
Con eso y más, habrá de avanzarse en la construcción del México pendiente. El México que reclama la nación y por el cual luchan los gobernados encabezados por una juventud cada vez más participativa.
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