Por Georgina López
Antes de “la nueva normalidad”, muchos ya estábamos conscientes de las graves implicaciones que tiene el deterioro del medio ambiente en la vida de las personas, basta con observar los fenómenos naturales más extremos como resultado del calentamiento global. La crisis sanitaria por la aparición del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) hizo de la emergencia medioambiental una realidad más cruda y evidente. La invasión y el aprovechamiento desordenado de los servicios que brindan los ecosistemas, así como la pérdida acelerada de biodiversidad, subrayan la urgente necesidad de preservar y reforzar los principales instrumentos para la conservación del medio ambiente en México: las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Nuestro país cuenta con 182 ANP que abarcan el 11% de la superficie terrestre y el 22% de la superficie oceánica considerada territorio nacional. Sin embargo, el perímetro imaginario establecido en los documentos oficiales está lejos de ser una medida suficiente. Más allá de los decretos presidenciales debe garantizarse “en terreno” que los recursos naturales son aprovechados y cuidados de manera efectiva y transparente.
Hagamos un ejercicio de memoria: durante la contienda electoral en 2018, los documentos oficiales de MORENA presentaron a la ciudadanía una serie de propuestas vinculadas con los compromisos de México para proteger el medio ambiente, y entre éstas hay algunas relacionadas con las ANP. Por ejemplo, el “Proyecto de Nación 2018-2024” menciona que, en el contexto de la sobrepesca y la vulnerabilidad de los grupos rurales y costeros, es de suma importancia aumentar el número de áreas naturales protegidas, así como otorgar apoyo técnico y regulatorio para acentuar la vigilancia de los mares con sistemas satelitales.
También en el documento “Los Océanos de México de la Agenda de Medio Ambiente 2018-2024”, se propuso obtener recursos para destinarlos a la conservación de costas, mares e islas; articular la política de conservación asociada con las ANP con la política de reservas pesqueras; la creación de un observatorio de recursos naturales en tiempo real con el uso de las tecnologías más innovadoras; la actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental sobre Recursos Naturales de la Sermarnat; suscribir la Iniciativa Global de Carbono Azul, y crear mecanismos innovadores de financiamiento a favor de la conservación y restauración de los océanos y ecosistemas asociados. Por su parte, el documento denominado “NaturAMLO”, menciona la necesidad de una articulación efectiva del gobierno y las comunidades para promover la conservación marina; así como asegurar que las Áreas Marinas Protegidas (AMP), costeras e insulares cuenten con Programas de Manejo actualizados y recursos suficientes para su conservación.
Las propuestas anteriores forman parte del total de propuestas de campaña a las que la iniciativa AMLOmetro Marino ha dado seguimiento desde que MORENA las anunció como directrices de política pública en caso de asumir el poder. En lo que va de la presente administración hemos identificado algunas acciones que pueden contribuir parcialmente a dar cumplimiento a los compromisos:
La Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, liderada por la Sader y la Semarnat, tiene el objetivo de crear comunidades costeras sustentables y atacar las causas que han llevado a que la vaquita marina se encuentre en peligro de extinción.
La Secretaría de Gobernación instaló, para ello, una mesa intersecretarial enfocada en la conservación de la vaquita marina y el combate a la captura ilegal de totoaba, en la que se definieron cuatro líneas de acción: 1) Bienestar, 2) Seguridad, 3) Vinculación internacional y mejora regulatoria y 4) Combate a la corrupción y a la impunidad. Hasta donde tengo registro, la última reunión se llevó a cabo en febrero del presente año.
El acuerdo de colaboración entre la Semarnat y el Inegi, que busca fortalecer la disponibilidad y el acceso a la información estadística y geográfica sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en México.
Las labores de la delegación mexicana en el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, que busca posicionar a los refugios pesqueros como herramientas estratégicas para el desarrollo sostenible y la conservación marina.
Los Convenios Marco y Específico de Colaboración en Materia de Inspección y Vigilancia firmados por la Semar y la Sader, así como la incorporación a la Conapesca de marinos retirados para fortalecer las estrategias de inspección y vigilancia y combatir la pesca furtiva. El monitoreo continuará para averiguar si los convenios beneficiarán a las Áreas Marinas Protegidas (AMP).
Aplaudimos a los servidores públicos y tomadores de decisión que están detrás del avance de estas iniciativas, sin embargo, los esfuerzos deben multiplicarse para hacer realidad las buenas intenciones de la política pública.
La Semarnat, en su Programa Sectorial (PS), se compromete a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para privilegiar la voz y la participación de las comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, forestales y colectivos de las regiones rurales, en cuyos territorios está ubicado un alto porcentaje de las ANP y una gran proporción de la riqueza biológica del país; y también habla de consolidar y promover las ANP, privilegiando la representatividad y conectividad de los ecosistemas, la conservación de especies prioritarias y el patrimonio biocultural de las comunidades que las habitan; impulsar el manejo efectivo de las ANP a fin de garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales; e incluso propone impulsar nuevos modelos de conservación que se sumen a las ANP, como las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. Sin embargo, las decisiones tomadas por el ejecutivo y el legislativo en los últimos meses van en dirección contraria a lo que se requiere para alcanzar las metas del PS.
De acuerdo con el estudio “Cuidar lo que importa”, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, la Conanp disponía en 2016 de $71.3 pesos por hectárea para labores de conservación en los territorios protegidos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2020, se asignó a la Conanp el presupuesto más bajo de su historia (869.5 millones de pesos), y dispondría de $9.6 para la conservación de cada hectárea protegida. Adicionalmente, el recorte del 75% en el gasto corriente del presupuesto público, anunciado el pasado 23 de abril en el ajuste presupuestal, compromete aún más la operación y las inversiones de la Conanp para cuidar de estos espacios vitales y estratégicos. Igualmente, el presupuesto para la Semarnat disminuyó desde 2015, pues el total aprobado en ese año pasó de 67.9 mil millones de pesos a 29.8 mil millones en 2020. Solo para ponerlo en perspectiva, el Programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar tiene un presupuesto aprobado de 28.5 mil millones de pesos (considerando las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados), es decir, casi el monto total aprobado para la Semarnat.
Es cierto que la crisis sanitaria ha metido en aprietos el desempeño de la economía, pero extinguir los recursos destinados a la protección del medio ambiente hace más sombrío nuestro porvenir. Las pérdidas de vidas como consecuencia de la pandemia, así como la pérdida de empleos, la pobreza, la descomposición social por la violencia y el deterioro de la calidad de vida, son problemas que están íntimamente ligados al deterioro del medio ambiente. Si seguimos ignorando la importancia que tienen los servicios ecosistémicos, el costo será todavía mayor en el futuro no tan lejano.
Finalmente, lo invito a consultar el nivel de avance y cumplimiento de las propuestas de campaña de MORENA-2018 y sus vínculos con los compromisos plasmados en los Programas Sectoriales de la Sader y la Semarnat en la próxima actualización del sitio de AMLOmetro Marino.
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