Un número amplio de ecosistemas de América Latina está amenazado por proyectos de desarrollo que se imponen sin tomar en cuenta la sustentabilidad ni los intereses legítimos de las poblaciones que históricamente han habitado esos territorios, advirtió Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México (CDMX).
Indicó lo anterior al hablar sobre el libro Perspectivas de la economía ecológica en el nuevo siglo, que coordina junto con Salvador Peniche Campos, miembro fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, y Darío Escobar Moreno, investigador de la Universidad de Chapingo en el Estado de México, señaló que en la región no se ha dado suficiente importancia al aspecto ecológico.
La académica sostuvo que fue justo después de los ataques con bomba atómica a Nagasaki e Hiroshima, y la Guerra de Vietnam –con los subsecuentes daños en términos de contaminación de suelos y salud humana– que comenzó una discusión geopolítica y sanitaria entre investigadores que entendieron la necesidad de disertar entre las economías ambiental y ecológica.
La docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM considera esta discusión como fundamental, debido a que la primera disciplina cuantifica daños y perjuicios provocados por actividades de explotación de los recursos, y la segunda va más allá al cualificar los efectos.
En la Cumbre de Río de Janeiro se puso a discusión el principio precautorio, que señala que si bien los daños son contabilizados, deben prevenirse los riesgos ambientales que constituyen amenazas graves para el bienestar humano. “Desafortunadamente en América Latina ha pasado que a las empresas se les ha multado cuando el deterioro ha ocurrido”.
En ese sentido “la economía ecológica recoge las cuestiones de medir y evaluar; la economía ambiental es insuficiente porque sólo pone un costo, lo que no resulta eficaz porque la naturaleza no debiera tener un valor, pues cómo podríamos recuperar el agua o el aire que fueron contaminados.
Mesoamérica y el Caribe –se expone en el libro– son centros de origen y de diversidad de maíz, frijol, jitomate, calabazas y chiles de gran importancia para la alimentación mundial.
La larga evolución de estas plantas cultivadas por la sociedad ha dado como resultado una extraordinaria riqueza biocultural, que ahora se ve amenazada ante el embate de grandes monopolios agroalimentarios que tienden a imponer sus sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos.
Otros recursos que están en el centro de la disputa de conflictos socioambientales en la zona son los minerales y el agua, donde la minería es emblema del Colonialismo “que oprimió a la región por más de 500 años”.
Y actualmente, bajo renovados esquemas y formas legales –concesiones y permisos– son empresas extranjeras –aunque las nacionales tienen inversiones grandes en algunos países– las que mantienen la posesión de extensiones enormes de territorio para la explotación minera, dejando a su paso pasivos ambientales para los ecosistemas y las poblaciones.
Todos los proyectos extractivos y de infraestructura implican graves riesgos ambientales y generan desplazamientos de la población, mientras las autoridades responsables de regular las actividades no suelen intervenir en el bienestar social ni valoran los daños ambientales, sino que se ciñen a una legislación que está orientada a mejorar o respetar las condiciones productivas de las compañías.
Frente a este panorama es necesario discutir los ejes de desarrollo de un nuevo pensamiento de economía ecológica, en el que las comunidades fijen una posición activa frente a los retos del sistema financiero dominante.
La disciplina implica un cuestionamiento a las bases del capitalismo, “porque hasta ahora nos han enseñado que la naturaleza tiene un costo y se puede mercantilizar”, expresó la doctora Azamar Alonso.
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