Se informó que el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2018 del gobierno mexicano muestra que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nuevamente buscará desviar recursos públicos hacia grandes obras de cuestionable valor, en donde la Auditoría Superior de la Federación ya ha documentado graves irregularidades, sacrificando los recursos requeridos para la reconstrucción de los sistemas locales, la protección de las aguas nacionales y el cumplimiento con el derecho humano al agua.
Según la propuesta del Ejecutivo, el 36% del presupuesto de la Conagua se dedicaría a solo tres megaproyectos: Túnel Emisor Oriente 5.0 mil millones de pesos; Obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) 3.2 mil millones de pesos; presa el Zapotillo 1.5 mil millones de pesos.
Mientras que sólo 12% del presupuesto de la Conagua se dedicaría a las obras locales requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. Solo el 7% sería canalizado a infraestructura hidroagrícola, priorizando las zonas de agroexportación en el norte del país, a costa de una estrategia centrada en la autosuficiencia alimentaria a través de infraestructura de riego para agricultores familiares en el resto del país.
Mientras que los informes de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2016 publicados el 17 octubre, documentaron las siguientes irregularidades:
El Túnel Emisor Oriente, asignada en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo a un consorcio lidereado por el consorcio de uno de los principales mexicanos señalados por los Paradise Papers. Dicha obra fue programado a concluirse en 2012 con un costo de 9.5 mil millones. Hasta la fecha, ha recibo 44 mil millones de pesos, sin garantías de concluirse en el futuro cercano.
El Proyecto Lago Tláhuac-Xico, ubicado en la zona más baja de toda la cuenca, y aprobado en sesión del Consejo de Cuenca del Valle de México el 15 abril 2010 (contando con las firmas de los entonces gobernadores y Jefe de Gobierno Peña Nieto, Osorio Chong y Marcelo Ebrart), permitiría almacenar las aguas pluviales del oriente, para la prevención de inundaciones y la provisión de agua potable para 1.2 millones de habitantes, a una fracción mínima del costo del Emisor Oriente y la cuarta etapa de Cutzamala.
El PEF 2018 asignaría 1,530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo, en un intento de violar su suspensión por mandato judicial (Controversia Constitucional 93/2012 promovida por el Congreso del estado de Jalisco), el cual dicta que NO se debe sobrepasar los 80 metros de altura ya alcanzados. Una de las principales constructoras, ABENGOA, ha renunciado al proyecto, y busca una indemnización que la percepción total de 4.3 mil millones, sin haber colocado un centímetro de tubo del Acueducto.
En 2016, de una plantilla de 12,402 servidores públicos, la Conagua, responsable de 531,357 concesiones de aguas nacionales, solo contaba con 45 inspectores para realizar visitas de inspección. Solo lograron visitar a 0.5% de las concesiones. De las 330 multas que resultaron, la Conagua solo cobró el 3%.
De los 191 cuerpos superficiales de agua considerados en serio proceso de deterioro, la Conagua solo realizó 28 estudios de calidad.
En 2015, la CONAGUA otorgó 1,124 concesiones en cuerpos de agua con déficit. De los 104 acuíferos con déficit de agua, solo 42 cuentan con decreto de veda. Desde 2004, solo se ha logrado un decreto de una veda.
Desde el presupuesto 2017, se eliminó el presupuesto para los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, en violación del mandato constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales de contar con espacios de coadyuvancia ciudadana-gubernamental.
En su análisis de la capacidad de gobernanza de la Conagua, la Auditoría Superior de la Federación concluye que: “Es imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras.” Propone que “se replantea la forma de administrar el agua.”
Por ello, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, junto con universidades y organizaciones afines en todo el país propone:
Aumentar anualmente los recursos públicos asignados al sector Agua hasta lograr el promedio mundial del 0.5% PIB (72.5 mil millones, frente a los actuales 26.5) — a través de su priorización en el presupuesto, y poniendo fin a las “negociaciones” de impuestos a las personas físicas y morales de mayores ingresos, las cuales actualmente resultan en una merma de unos 200 mil millones al año.
Reasignar los 9.8 mil millones actualmente designados para las obras Túnel Emisor Oriente, Obras hidráulicas NAICM y Zapotillo, para así lograr 13.2 mil millones para infraestructura local para agua y saneamiento, priorizando zonas discriminadas y las afectadas por los sismos. Instruir a la Conagua a lograr la reorientación de los 3.5 mil millones anuales del Fideicomiso 1928 sean dedicados al diseño y construcción del Lago Tláhuac-Xico.)
Reasignar 2.05 mil millones del rubro “Gestión Sustentable del Agua” a procesos de coadyuvancia gobierno-ciudadanía.
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