El gobierno federal, a través de diversas instancias, aseguró alrededor de 720 mil toneladas de mineral, presuntamente extraído de Michoacán, lo que habría representado para el crimen organizado recursos económicos por casi 70 millones de dólares.
Ante tal situación, el procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, señaló frente autoridades estatales y municipales michoacanas que una de las políticas en la que se basa la dependencia para su desempeño es el trabajo coordinado con las demás instituciones, a fin de tener mayor vigilancia en la minas del país.
Haro Bélchez manifestó que más del 70 por ciento de las inspecciones que realiza Profepa a empresas mineras se hace en la mitad del país y Michoacán representan la segunda entidad, sólo detrás de Colima, con mayor actividad relativa a la extracción de mineral.
Indicó que tienen programado que al final de la presente administración, las 1,252 minas existentes en el país sean inspeccionadas.
Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, refirió que reportes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) estiman que el precio de la tonelada de mineral oscila en 100 dólares y, de manera adicional, se le daba a los transportistas entre 11 y 14 dólares por el traslado.
Detalló que hablar del complejo sistema de transportación y acopio de esa cantidad de recurso natural, implicarán imaginarse tan sólo una línea de 3,000 camiones de carga con capacidad de 3.5 toneladas, a lo largo de una recta de poco más de 1,140 kilómetros de largo.
PROFEPA CLAUSURA MINAS
No sólo en Michoacán el crimen organizado extrae minerales, sino también en Jalisco y Guerrero, por mencionar algunos. A principios de este mes, el gobierno federal aseguró cuatro embarcaciones de mineral de hierro en puertos del Pacífico mexicano.
Según información de diferentes cámaras especializadas en el tema, de marzo a la fecha, se hicieron decomisos que llevaron a la autoridad a frenar las exportaciones de esos embarques por aproximadamente 300 mil toneladas del mineral, equivalentes a 30 millones de dólares.
En 2013 se estimó que el robo fue de un millón de toneladas de hierro, con un valor aproximado de 100 millones de dólares, comentó recientemente el presidente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero), Alonso Ancira.
Anteriormente, Profepa clausuró 2 proyectos mineros y 36 maquinarias pesadas en Arteaga, Michoacán, por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Inspectores federales de esta dependencia federal en la entidad realizaron visitas de inspección en los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro, denominados “Miriam” y “El Faraón”, los cuales operaban sin las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también aseguraron de manera precautoria 98,671 toneladas de material ferroso.
En el caso del Proyecto “Miriam”, se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.
Por lo que hace a El Faraón, se hizo lo propio por no presentar autorizaciones correspondientes de impacto ambiental y por cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
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