Atisbos

PRUEBA.- Las elecciones de 2015 serán prueba de fuego para la nueva ley político-electoral y el Instituto Nacional Electoral. El próximo año los mexicanos sabrán si las normas y el árbitro están a la altura de sus aspiraciones democráticas o si, como pasó con la anterior legislación y el IFE, serán usados para los intereses de partidos políticos y sus huestes –dirigentes, gobernadores, diputados y senadores, y demás-, que por sobre el avance de la vida democrática del país anteponen el logro, a como de lugar, del poder. La ambición desmedida de poder político fue lo que llevó a los partidos y sus legisladores a reformar –una vez más- la ley electoral y a desaparecer al IFE –ya no les era útil- para suplirlo por una nueva institución –el INE-, que a final de cuentas tendrá las mismas funciones. Una vez logrado ese objetivo, no faltaron voces que expresarán con cinismo que se da un impulso al proceso democrático con nuevas reglas para la contienda electoral y una nueva autoridad que garantice equidad, limpieza y credibilidad. Pero es sabido que los partidos políticos tienen especialistas para encontrar puntos débiles y ambigüedades que les permitan violar las leyes electorales, darles la vuelta y tener mejores condiciones para ganar. Sin embargo, el mayor problema que enfrentan los partidos y políticos –de ahí el alto abstencionismo-, es la desconfianza ciudadana. Aún así, se niegan a abandonar viejos vicios: designación antidemocrática de candidatos desprestigiados, gastos excesivos de campaña, compra de votos, guerras sucias, falsos compromisos, y descredito total, que invalidan el espíritu de la ley y ponen en duda los resultados de los comicios. Leyes van, leyes vienen y nada cambia porque siempre se amoldan a los intereses partidarios. A ello obedece que haya quien afirme que la legislación electoral tiene que irse “perfeccionando” de acuerdo a como lo exija el cambiante quehacer político. La interpretación a lo anterior puede ser que si no están de acuerdo con los resultados electorales de 2015, los partidos podrían promover otra reforma para 2018 cuando se elija Presidente de la República y renueve el Congreso de la Unión. El problema no es la ley que rige la vida político-electoral, el problema son los políticos que desprestigian a los partidos y han hecho de ellos un negocio, un medio para chantajear y obtener prebendas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Esto nadie lo puede negar, está a la vista de los electores. Y en cuanto al Instituto Nacional Electoral, hay que decir que nació con el estigma de la desconfianza ciudadana que ensombreció al IFE, institución que fue rehén de los partidos políticos y los gobernadores que presionan para imponer consejeros.

CERTIFICACIÓN.- El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), recibió la Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001, versión 2008. En su 30 aniversario, la empresa British Standard International (Grupo México) avaló la calidad de los servicios que proporciona el centro politécnico en los rubros de posgrado, laboratorios, investigación, administración y estrategia, con lo que se posiciona como una unidad de investigación de alto nivel en el sector educativo nacional e internacional.

LACTANCIA.- La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados impulsa una reforma a la Ley General de Salud para que las autoridades establezcan al menos un Banco de Leche Humana, por estado, en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. El motivo: en México, la lactancia materna disminuye cada día y propicia que al año mueran 13.7 niños menores de un año por cada mil nacimientos; Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen las tasas más altas con 17 defunciones. A pesar del avance en el combate a la desnutrición infantil, el riesgo de que un niño o niña indígena muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor.

ABASTO.- El impacto social de los programas de abasto de alimentos en localidades rurales remotas, es reconocido por los gobiernos de los 31 estados del país. DICONSA, a decir de su director, Héctor Velasco Monroy es modelo de transparencia y responsabilidad social al actuar como regulador de precios en el mercado y fortalecer a pequeños productores locales y regionales. Además, garantiza el abasto con 26 mil 381 establecimientos y 300 tiendas móviles en 3 mil 679 localidades, y ofrece un ahorro mayor a 20% en precios.