El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presentó su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, en el cual se registra un incremento en el número de agresiones durante 2014-2015, con relación a los registros de años anteriores, al pasar de 87 casos registrados a 109.
En conferencia de prensa se detalló que el número de ataques a defensores y defensoras ambientales registrados en el período de mayo 2014 a junio 2015 fue de 109 casos en total. De este total, 49 casos sucedieron en 2014 (del 1º de mayo a diciembre) y 60 en los primeros seis meses del 2015 (del 1 de enero al 31 de julio). El registro que ha llevado el CEMDA desde 2010 ha permitido identificar una tendencia creciente en esta problemática, toda vez que en el año 2010 se registraron 10 ataques, en 2011 se registraron 16, en 2012, 23 ataques, para el 2013 se contabilizaron 53 ataques y durante el 2014 el registro aumentó a 87 casos[1].
El estado con mayor número de casos es Sonora con 16 agresiones, le sigue Oaxaca con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero con 9 casos; Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con 8 casos; el Distrito Federal con 6 y Morelos con 5 casos; Veracruz con 4 casos; Sinaloa con 3 casos; Michoacán con 2 casos; Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con 1 caso.
En lo que se refiere a las víctimas, los datos recabados señalan que, de los 109 ataques registrados, 130 personas fueron objeto de un tipo de ataque; además, registramos 21 casos de ataques dirigidos a la comunidad y 17 casos contra Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Las personas defensoras víctimas de un ataque son principalmente líderes comunitarios y de grupos que manifestaron en diversos momentos su oposición a megaproyectos.
En lo que se refiere a la clasificación del ataque, de acuerdo al tipo de megaproyecto se encontró que 27 casos fueron por proyectos de agua, 16 hidroeléctricos, 13 en proyectos mineros, 11 inmobiliarios, 10 casos en temas de tierra (despojo), 8 en proyectos eólicos, 7 de infraestructura (principalmente carreteras), 5 en actividades relacionadas con hidrocarburos, 4 casos donde la reclamación es meramente ambiental, 3 sobre proyectos turísticos, 2 sobre contaminación, 2 sobre proyectos forestales, y uno sobre una termoeléctrica.
Los conflictos donde el tema central es el agua han sido los más comunes durante estos últimos quince meses e involucran su explotación, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin. Casos sobresalientes son el Acueducto Independencia en Sonora, la oposición a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México, las grandes cantidades de agua que se requiere la actividad minera, la construcción de grandes presas, entre otros.
En cuanto al tipo de agresión, se identificaron 75 amenazas (personales, telefónicas o electrónicas), 25 agresiones físicas (personales o en grupo), 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o en la vía pública), 11 asesinatos, 3 casos de difamación hacia ONGs y 2 casos de uso indebido de la fuerza.
Un tema preocupante es la persistencia de la criminalización de los defensores ambientales. Ejemplo de ello son las detenciones y encarcelamiento de los integrantes de la Tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, los cuales fueron recientemente liberados por faltas de elementos para procesarlos, así como de los opositores de un proyecto turístico en Cholula, Puebla y la detención de Marco Antonio Suastegui, líder opositor a la construcción de la presa «La Parota» en Guerrero.
En cuanto al tipo de agresor, de los 109 registros de ataques a defensores ambientales, en 49 casos el autor es no identificado, en 37 el o los ataques fueron ejecutados por personas identificadas como autoridades, en 13 casos por miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto), en 7 casos los autores fueron identificados como personas relacionadas con la empresa promovente del proyecto y por último, en 3 casos el agresor fue identificado como personas ligadas a la delincuencia.
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