Durante la presentación del Manual Agua para Todos, Agua para la Vida, en el marco de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, redactado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de las universidades de Guadalajara y Veracruzana, además de organizaciones de cuenca y grupos civiles de 26 estados, se habló que este proyecto ve a contracorriente con las nueva tendencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de otorgar controles irrestrictos a la iniciativa privada en control del agua.
En conferencia de prensa, Gerardo Alatorre Frenk, investigador de la Universidad Veracruzana, destacó que este proyecto lo que busca es que el agua sea un bien de la nación y sus ciudadanos, no como el mismo proyecto de reforma a la ley del agua de la Conagua que maneja que el agua pertenece al Estado, que no es sinónimo de nación.
Explicó que este proyecto académico y ciudadano busca darle fuerza social a los concejos de cuenca –que Conagua quiere desaparecer-, crear una Contraloría social del agua –que vigile el uso sustentable del agua y se castigue a quienes hagan mal uso del líquido, -mientras que Conagua maneja que se autoregulen las empresas mineras y de otros rubros sin medición alguna de su uso del agua-, y crear un Tribunal especializado del agua, así como un ente evaluador de políticos que no cumplan con sus funciones puedan ser removidos de su cargo, como es el titular de Conagua y la misma Semarnat.
En entrevista con Mi Ambiente, dijo que la propuesta federal es totalmente contraria al contar con un uso sustentable del agua ya que estamos en extremos opuestos y pensamos las cosas de forma distinta ya que es predominante en la Conagua su visión tecnocrática que la eficiencia se logra con iniciativa privada y grandes obras, lo que buscamos es la descentralización apoyado en el tejido social y que todos sepamos que debemos ser responsables en uso del líquido.
La apuesta es darle todo el poder a la iniciativa privada en donde la experiencia indica que el buscar el lucro no es compatible con la paz social y está lógica presente en la Federación es cortoplacista de sacar ganancias lo antes posible en rubros que aún están no bajo el control privado.
Lamentó que los interés políticos que al estar involucrados en diversas empresas sus interés van en lo económico y en grupos políticos sin percatarse de los daños en los ecosistemas nacionales, enfatizó.
Por su parte, Elena Burns, investigadora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, dijo que que este grupo de académicos y ONGs impulsa el fin de garantizar el derecho humano a este recurso, garantizado en el Artículo 4° Constitucional.
Denunció que las reformas de ley en agua que maneja la Conagua, deja fuera de su modelo de gobierno la participación ciudadana y borra todo aquello que se pueda catalogar como Consejos de Cuenca, y se mostró incrédula que ante fenómenos hidrometeorológicos que se presentes el gobierno “se lava las manos” en su obligación de gobierno y se declarará sobre como responsable de indicarle a la gente que es “autoregulable en su seguridad de bienes y personal” y les deja a su libre consideración el protegerse o no de daños; además de manejar que los dueños de predios asentados sobre aguas subterráneas tienen todo el derecho de extraer el agua sin medida alguna de sobreexplotación.
La investigadora mencionó que es necesario contrarrestar el modelo de gestión del recurso que se ha seguido en los últimos años, que no funciona y que “hoy se busca expandir” y advirtió que 25 por del presupuesto destinado al sector se gasta en el emisor oriente, el sistema Cutzamala y en pozos profundos del Valle de México, “en un modelo de sobreexplotación y extracción que busca expandirse a todo el país”.
Expresó que uno de los problemas que tenemos en México es que los derechos consagrados en la Constitución, “no los hacemos exigibles, ojalá que en este manual y en esta ley que ustedes proponen, se incorpore la exigibilidad (del cumplimiento) del derecho humano al agua”, puntualizó.
Comentarios Cerrados