Una propuesta de Ley General de Aguas con perspectiva ciudadana para garantizar el derecho humano al líquido en México será presentada a los legisladores y la sociedad el 31 de enero del próximo año, dicha propuesta es emanada del Congreso Cuencas, Ciudades y Comunidades y del Tercer Congreso Nacional de la Red Temática del Agua Conacyt celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este documento busca que “se oriente al diseño de una estrategia nacional por el derecho del agua, saneamiento y seguridad hídrica sustentada en una verdadera ciudadanización de la gestión del líquido, con el fin de hacer valer el derecho humano al agua incorporado en el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Además que entre sus contenidos destaca: “Después de una amplia consulta, discusión de experiencias y conocimientos detectamos un crisis de sustentabilidad, de inconstitucionalidad, de representatividad, contaminación y distribución del agua”.
Ante ello los asistentes signaron las siguientes directrices: Un cambio institucional que considere una mayor participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas y la transparencia; el fortalecimiento de las capacidades locales para una gestión ciudadana no sólo a partir de la cuenca hidrológica sino del territorio.
Lograr una mejor calidad del agua alcanzando cero descargas de tóxicos a cualquier corriente del agua; un cambio del modelo agrícola actual hacia un modelo agroecológico orientado a la soberanía alimentaria; la no privatización de la gestión de agua, toda vez que reconocemos al agua como un bien común de la nación.
“Estos son sólo algunos de los puntos que consideraremos en la propuesta de Ley de Aguas que presentaremos a los respectivos órganos de toma de decisiones”, concluye.
Al respecto, Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la UAM, y principal impulsor de la propuesta de ley, afirmó que “vimos un par de días de trabajo muy profundo, porque recogen varios lustros de investigaciones del agua en 15 distintas temáticas: gestión de cuencas, criterios y parámetros jurídicos para definir el derecho al agua, tratamiento de aguas residuales y prevención de contaminantes, soberanía alimentaria, economía del agua, entre muchos otros.
“Fue una aportación compartida entre investigadores de primer nivel, juristas que han redactado las principales leyes ambientales de nuestro país, dirigentes de comunidades y esfuerzos cívicos de redes de la sociedad civil. Todos de cara al reto del agua en México, el cual es enorme porque el sistema de uso y extracción de este bien está generando un enorme desequilibrio”.
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