Representantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) celebraron la aprobación, por parte del Senado, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Manifestaron que esta ley, y los cambios introducidos por el Senado, recogen las demandas de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el sector, así como las exigencias enarboladas por comunidades forestales.
Entre los puntos destacados de la presente normativa destaca la introducción de un Programa de Manejo Forestal Comunitario como instrumento de política pública. “Las comunidades forestales de México han demostrado, a partir de un cúmulo de experiencias localizadas a lo largo y ancho de la geografía mexicana, que la mejor forma de conservar los ecosistemas selváticos y forestales y garantizar el bienestar de las poblaciones que habitan estos ecosistemas es apostar por el Manejo Forestal Comunitario. Es positivo que la nueva Ley Forestal destaque este punto en múltiples artículos”, señaló Sergio Madrid, director del CCMSS.
La organización declaró que la ley introduce un sistema de salvaguardas ambientales y sociales que permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena. Además, estableció que la nueva normatividad abre caminos para poner en marcha un sistema gestión y tramitación más flexible de autorizaciones de aprovechamiento forestal. Los requisitos y trámites que exigía la ley que ahora se abroga han sido un fuerte obstáculo y entorpecen la labor de las comunidades forestales. “El dictamen aprobado recompensa a las comunidades que llevan a cabo un buen manejo forestal, permitiéndoles renovar automáticamente los permisos de aprovechamiento y reducir los requisitos y trámites” mencionó Madrid.
Establecieron que la presión de comunidades forestales, académicos y organizaciones de sociedad civil permitió que se introdujeran múltiples reformas positivas para el sector. Esta presión, aunada a la oportuna introducción de algunas reservas a artículos del dictamen por parte de la senadora Silvia Garza, logró evitar que se debilitara a la Semarnat como instancia de gobierno encargada de la regulación del sector. Asimismo, se logró evitar que se otorgaran atribuciones a la Conafor que, dado su mandato institucional, no le corresponden.
También se evitó que se permitiera a los titulares de permisos de aprovechamiento forestal transferir los permisos a terceros. Madrid señaló que “…de no haberse presentado una reserva sobre este punto se habría generado un frente de vulnerabilidad para las comunidades forestales con respecto al avance de grandes empresas madereras en el control de los territorios comunitarios”.
Si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.
La falta de la consulta a las comunidades demuestra que las instituciones mexicanas se encuentran aún muy rezagadas con respecto al reconocimiento de los derechos de sus poblaciones. Se requiere una revisión transversal del proceso legislativo, las normas, políticas públicas y actos de autoridades mexicanas para que se reconozca el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios”, agregó Madrid.
El CCMSS exigió a la Cámara de Diputados, la cámara de origen de este dictamen, a aprobar todas las modificaciones presentadas por el Senado para garantizar que la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sostenible fortalezca a las comunidades rurales que habitan y aprovechan los bosques, contribuyendo directamente a su conservación.
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