La organización civil Controla tu gobierno AC, presentó los resultados del análisis de 222 informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizados a CONAGUA de 2000 a 2016, en los que encontró irregularidades recurrentes en seis programas medulares de cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento vigentes hasta 2015 y financiados con recursos federales*. “Algunos de ellos se implementaron desde la década de los 90 y tras 25 años no han tenido los resultados esperados”, señaló la Dra. Verhonica Zamudio Santos, autora de esta investigación.
De acuerdo a los datos analizados, tan sólo la inversión total de cuatro de los seis programas revisados, asciende a más de 97´000,000,000.00 de pesos (noventa y siete mil millones de pesos), el equivalente a cuatro veces el presupuesto del Conacyt en 2018.
Entre los principales hallazgos destacan:
- Falta de definición de metas, objetivos e indicadores de los programas hídricos auditados,
- No se precisa la población objetivo a la que se dirigen todos los programas auditados.
- Incumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos públicos
- Irregularidades en la administración del presupuesto:
- Falta documentación probatoria del uso de los recursos
- Diferencias entre los montos programados y los ejercidos, y
- Falta de mecanismos de seguimiento y supervisión que permitan verificar el grado de avance de los programas hídricos
- Irregularidades en la rendición de cuentas:
- Falta de documentos para la validación de gastos; inexistencia de actas entrega-recepción y cierres de ejercicio;
- Obras inconclusas, no ejecutadas o sin operar,
- Reintegros extemporáneos, montos utilizados en rubros indebidos y mala administración de cuentas bancarias.
“A lo anterior hay que agregar los 9 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable y los 10.2 millones que no cuentan con servicio de alcantarillado, sin embargo la CONAGUA declaró en 2015 haber alcanzado los objetivos de Desarrollo del Milenio y la pregunta es ¿cómo lo logró? ya que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado reiteradamente que los programas han operado sin establecer metas o en su caso, las han incumplido, o no determinan su población objetivo”, cuestiona la Dra. Verhonica Zamudio. El reto es aún mayor para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señala la investigadora, ya que las cifras correspondientes a México en 2015 muestran que el 57% de la población (71 millones de personas) no cuenta con agua de calidad libre de contaminantes y 65% de las aguas residuales no son tratadas, de acuerdo con cifras de Joint Monitoring Programme de OMS-UNICEF.
Por lo que respecta a la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no tiene facultades sancionatorias, el estudio mostró deficiencias reiteradas en los órganos de control interno tanto de la CONAGUA, como de sus contrapartes estatales (por ejemplo, los órganos de control de las comisiones de agua de los Estados). Ante esto, la ASF ha recomendado reiteradamente a la CONAGUA fortalecer su órgano interno de control, enfatizó la Dra. Carmen Fernández Fernández, Consultora Internacional de Water Integrity Network (WIN), quien además señaló la importancia de crear una entidad reguladora independiente que se encargue de supervisar el desempeño de la CONAGUA.
Ante este panorama Controla tu Gobierno planteó una serie de recomendaciones que faciliten a la siguiente administración de la CONAGUA una mejora sustancial de su gestión, entre las que destacan:
Que la CONAGUA cumpla con la legislación vigente, tanto en materia de agua como en acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
Crear una entidad reguladora independiente que supervise el buen desempeño de la gestión hídrica.
Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos así como en los procesos de fiscalización y control.
Para finalizar, las ponentes destacaron la importancia de hacer buen uso de los recursos públicos que se invierten en la gestión hídrica, ya que corresponde al Estado la obligación de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento.
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