Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer en comunicado de prensa, que debe considerarse necesario que cualquier reforma energética que se vote y evalué contemple los cambios indispensables que permitan la sostenibilidad fiscal y energética del país en el largo plazo.
Para Cemda debe impulsarse una reforma energética integral que parta del respeto por los Derechos Humanos, que siente las bases para ampliar la participación de energías renovables, y que sea compatible con las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Se recordó que México presenta grandes retos en materia energética, pues de acuerdo con la Estrategia Nacional de energía 2013-2027, entre 2003 y 2012, a pesar de la mayor inversión en la historia, las reservas probadas de petróleo, nuestro principal insumo energético, disminuyeron 31.2% pasando de 20,077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las reservas probables disminuyeron en 27.2%, pasando de 16,965 MMbpce a 12,353 MMbpce.
Lo cual hace que el país enfrente crecientes retos en materia ambiental, donde los costos a la salud y al medio ambiente derivados de la generación y del uso de la energía son significativos. Y finalmente, la producción de combustibles fósiles y su uso son los componentes más importantes de las emisiones de GEI, ya que aportan más del 60% de las emisiones totales.
Por ello, la reforma energética debe ser coherente con las necesidades y debe contener diversos puntos como es el respecto de los derechos humanos. En particular, en el contexto de la misma que es fundamental respetar y garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de las comunidades que viven en donde están los recursos naturales.
Aunado a que el Plan Nacional de Desarrollo que promueve el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.
La Ley General de Cambio Climático (LGCC) que promueve de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como de la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables. En esta ley, el país asume la meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000.
Pero se lamentó que las propuestas de reforma energética presentadas hasta la fecha siguen privilegiando la explotación y uso de fuentes fósiles. Además abren la puerta a fuentes energéticas («limpias», hidrocarburos no convencionales), cuyos impactos en el medio ambiente y en la salud no son claros.
Por un lado, la reforma energética centra sus principales apuestas para el futuro en la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, tales como el Shale gas y la explotación de aguas profundas, pero la información que el gobierno ha puesto a disposición de la sociedad es escasa y no muestra suficientes datos para apoyar sus diferentes propuestas.
Por otra parte, el gobierno no está fomentando las condiciones necesarias para que se lleve a cabo una reforma energética incluyente, participativa y democrática que permita la participación de la sociedad en la toma de decisiones de los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales del país.
La implementación de esta reforma implicaría retrasar el potencial de transición energética de México por energías renovables, como la solar FV, eólica y geotermia, las cuales tienen un potencial de producción al 2020 de 6,000, 20,000 y 10,000 MW respectivamente.
Del mismo modo, las metas de reducción de emisiones de GEI no podrán alcanzarse si el portafolio energético del país no se diversifica de forma más acelerada, privilegiando la participación de fuentes renovables de energía. El sector energético es responsable del 66% de las emisiones de GEI en México.
En 2010, el sector energía fue la principal fuente de emisiones de GEI el cual tuvo un crecimiento de 57.9% entre 1990 y 2010. Este incremento se debe principalmente a la evolución de las emisiones del sector transporte, el cual mostró un incremento continuo en su participación relativa en el uso de energía, convirtiéndose en el principal emisor de GEI para México.
Por este motivo, resulta fundamental que el sector transporte sea incorporado de manera seria en las discusiones sobre la reforma energética.
Nos encontramos ante una gran oportunidad para sentar las bases de un México sustentable, en el cual las decisiones que se tomen en materia de energía resultan fundamentales. En este sentido, el Estado debe ser la guía en esta transición, el responsable por velar que el desarrollo del sector se enmarque en un respeto por el medio ambiente y el garante del respeto por los derechos humanos.
Este organismo ambientalista subrayó que la reforma energética debe impulsar una transición energética que conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. En este sentido, hacemos un llamado para que la reforma energética en discusión contemple las siguientes recomendaciones: es necesario acelerar la implementación de la metodología para valorar las externalidades socio-ambientales asociadas con la generación de electricidad, para todas las tecnologías, fósiles y no fósiles.
En el caso de los hidrocarburos no convencionales resulta indispensable: realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de la explotación del shale gas, así como del petróleo en aguas profundas, que tomen en cuenta tanto los costos económicos, tasa de recuperación de la inversión, impactos sociales y ambientales (externalidades), así como el costo de oportunidad de invertir en estos recursos fósiles no renovables frente a otras alternativas.
Además de sentar las bases para ampliar la participación de energías renovables; así como es priorizar a las energías renovables por encima de las «tecnologías de generación limpia» que incluyen, además de las renovables, ciclo combinado, energía nuclear y carbo-eléctricas con tecnología de captura y secuestro de carbono.
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