En la Décima Tercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), quedó patente que los principales guardianes de la biodiversidad son los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes han tenido que dar una dura batalla para que sus voces sean escuchadas y se respete su valor como descubridores de los valores y uso sustentable de los recursos naturales.
Ello fue informado por la organización Greenpeace, la cual detalló que los pueblos originarios tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado para acceder a sus conocimientos, innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación y “utilización sostenible de la diversidad biológica” y que al fin fuera reconocido en el artículo 8(j) de los acuerdos establecidos. No obstante, siguen quedando a merced de legislaciones nacionales, que en el caso de México no es ninguna garantía.
Aleira Lara líder del Programa de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México, denunció que en dicho aspecto, “las comunidades indígenas mexicanas, desde los tarahumaras hasta los mayas, del norte al sur, han sido víctimas del saqueo de sus recursos naturales, de la complicidad de gobierno y empresas para favorecer la mercantilización de sus recursos, conocimientos y prácticas”.
Funcionarios representantes de nuestro país en la COP13, como Sol Ortiz, de CIBIOGEM, presumían el apego al Protocolo de Cartagena (PC) mientras que en la selva maya recientemente se revelaba la presencia ilegal de soya transgénica en contravención a las sentencia del mandato de la Suprema Corte de Justicia (4 de noviembre del 2015), y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que en su artículo 120 establece que ante el hecho de siembra ilegal se debe proceder a la incautación y destrucción de las semillas genéticamente modificadas.
Y a pesar de ello, el mandato del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fue “que el producto (GM) cosechado sea comercializado a la industria para consumo humano o uso industrial, a fin de evitar su propagación, en los siguientes ciclos agrícolas…”.
Explicó que “este hecho no solo pone al descubierto la violación a la legislación ambiental nacional y el incumplimiento del principio de precaución contenido en el PC, sino también la falta de un sistema de bioseguridad riguroso. ¿Qué certeza brinda dejar a merced de la legislación nacional a los pueblos indígenas y comunidades locales?”.
En comunicado de prensa, Greenpeace, informó que México dista mucho de coadyuvar al cumplimiento de la meta 18 de Aichi para el 2020 al resistirse a respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos.
Sobre el avance del cumplimiento de las metas Aichi en el marco de la protección de los océanos, durante la Conferencia, el secretario de medio ambiente Rafael Pacchiano anunció la creación de 4 nuevas áreas protegidas: la Reserva de la Biosfera del Gran Caribe Mexicano, La Sierra de Tamaulipas, Pacífico Mexicano Profundo e Islas del Pacífico.
Con estas nuevas áreas naturales México alcanza la meta 11 de Aichi aportando 65 millones de hectáreas nuevas a la protección del medio ambiente y triplicando lo que existía hasta antes de la COP13. En caso del territorio marítimo dedicado a la conservación hasta se duplica esta meta alcanzando el 23% de territorio nacional bajo una categoría de protección.
Sin embargo estas declaratorias no proporcionan una protección real por no contar con un programa de manejo, ni se estipula la fecha en que estos estarán, si se presentó una estrategia de financiamiento por los dos años que incluye el aporte de 30 millones de Euros desde fondos internacionales. Fondos que tendrán como fin el 2018 y que plantean la incertidumbre de quién y cómo financiará estas áreas naturales al final del mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto.
En el marco de la meta 10 de Ahichí que pretende disminuir la presión sobre los arrecifes, ésta avanzó en cuanto a la protección del 50 por ciento del arrecife mesoamericano con la nueva gran reserva del caribe. Sin embargo no existe un real compromiso de bajar la presión sobre estas con el modelo de desarrollo turístico actual y más aún cuando el polígono de esta área natural protegida no fue diseñado bajo ningún aspecto técnico científico.
En este sentido se espera que la estrategia nacional de turismo sustentable conlleve a disminuir la presión de impacto sobre estos y otros ecosistemas. No obstante en ese mismo documento se sigue señalando la importancia de los programas de manejo aún ausentes en 73 áreas naturales protegidas decretadas.
Al mismo tiempo que el gobierno apresuraba los anuncios sobre las nuevas áreas naturales de papel, especies en inminente peligro de extinción seguían desapareciendo, mermando con la biodiversidad del país. Es el caso de la vaquita marina, con la cual se da un incumpliendo con la meta 12, la cual establece que 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación, especialmente el de las especies en mayor disminución. La pesca de totoaba en la zona continúa ocurriendo sin que ningún programa de gobierno haya sido capaz de detenerla y con ello diezmando el reducido número de ejemplares de vaquitas marinas.
La COP13 también fue el escenario para que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad diera a conocer el volumen IV de la obra: “Capital natural de México. Capacidades humanas e institucionales , cuyo objetivo es aportar al diagnóstico del país e información científica relevante sobre el estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda, para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi.
Pero, dijo la ambientalista, que “lamentablemente los esfuerzos de financiamiento para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, abre una amplia gama de mecanismos y modalidades de recaudación de fondos, muchos de los cuales provienen de empresas que, por un lado hacen aportes financieros para la conservación, pero por otro, no se comprometen a evitar el agotamiento de recursos o detener el deterioro ambiental proveniente de procesos de contaminación (por ejemplo por el uso de agrotóxicos o descargas a aguas residuales sin tratamiento adecuado a ríos), lo cual tiene grandes costos, con un valor anual estimado de entre 7 y 10.6 por ciento del PIB.
Lo anterior, además de que puede entenderse que muchas empresas hacen “maquillaje verde”, vendiendo una imagen “socialmente responsable” es parte de lo que Greenpeace considera una “mercantilización de la naturaleza”.
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