Sustentabilidad

Denuncian ONGs que nueva ley forestal quita voz y voto a comunidades rurales

Un grupo de organizaciones, productores y académicos del sector forestal cuestionó el dictamen aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con el cual la propuesta de nueva ley forestal presentada por el Partido Verde Ecologista será puesta a votación en el Congreso, sin previa consulta al sector.

En la cual, se denuncia que aglomera las decisiones de temas forestales y recursos para este rubro en una oficina exclusiva, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), dejando en la indefinición administrativa las oficinas estatales de este organismo, así como quitando voz y voto a las comunidades rurales.

Por ello, se hizo un llamado a los diputados, como a la CONAFOR, a poner en análisis abierto esta ley que el PVEM busca centralizar exclusivamente en la Federación, tal y como este partido ha impulsado en otros organismos bajo su control como es la Semarnat con la ley de biodiversidad, la cual, ha sido de su dominio exclusivo desde hace 4 años.

Se pidió se cree un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector y avanzar así a la generación de un marco regulatorio eficaz que en verdad atienda la problemática regulatoria que enfrentan las regiones forestales del país. Sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte del partido promovente.

En conferencia de prensa, Gonzalo Chapela, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), resaltó que el dictamen aprobado el pasado 21 de febrero por la COMARNAT «no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la ley vigente de 2003. En contra parte, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector.»

Detalló que es tal el atraso en el sector forestal, que el 70% de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal y que más de la mitad del mercado legal es extranjero, esto ante los más de 50 procedimientos legales que una comunidad de cumplir ante el gobierno para así tener derecho a una plantación forestal comercial.

cemda

Declaró que esta nueva regulación que se hizo a espaldas de la opinión pública es poco conveniente a las leyes actuales. Enfatizando que es un grave error el manejo que la CONAFOR está dándole a los recursos económicos y su uso; ya que, el presupuesto del organismo al tema forestal aumento 7 veces, pero se redujo la superficie y área de manejo forestal, incongruencia total.

Esta ley, dijo, Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), «deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario. Además, invade facultades porque centraliza el poder en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al dejarla como responsable de coordinar las acciones de cambio climático, elaborar los reglamentos de los consejos estatales y reducir el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano a un mero asesor, con lo cual deja a su discreción la toma de decisiones y asignación de recursos, como los del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).

Si bien, las leyes actuales requieren ser actualizadas, la ausencia de una mejora regulatoria efectiva, ha desincentivado la producción forestal legal que ha caído más de 40 por ciento en los últimos 17 años, a pesar del permanente aumento del consumo nacional de productos forestales.

«Este dictamen omite el capítulo para un Sistema Nacional de Salvaguardas, como un instrumento de la Política Forestal a tono con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales,» subrayó Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).

En cuanto a la legalidad en el sector forestal, cuyas estimaciones van desde el 30 hasta el 70 por ciento de presencia de madera ilegal en el mercado mexicano, y mucha de esa madera es de importación, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que se omite la regulación de madererías y aduanas, que son donde se origina la mayor parte del tráfico ilegal.

Acerca de Juan Carlos Machorro

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