De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto han institucionalizado el deterioro ambiental al permitir que los ecosistemas y su riqueza natural sean usados moneda de cambio para privilegiar el interés económico de unos cuantos frente al derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos, ello en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
La organización criticó que a dos años del inicio este gobierno, en las llamadas reformas estructurales y los planes de desarrollo de la administración federal, la protección del medio ambiente quede solo en “buenas intenciones” que están lejos de convertirse en hechos concretos para lograr la sustentabilidad que tanto se presume en los discursos oficiales.
Se subrayó que cada año, la degradación del medio ambiente le sale más cara a nuestro país: en febrero de 2014 el INEGI dio a conocer que el costo económico por los daños ambientales en 2012 fue del 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir 985,064 millones de pesos. Frente a este escenario, apenas hace unos días la Secretaría de Hacienda bajó sus expectativas de crecimiento de la economía de 3.9 por ciento a 2.7 para 2014.
Aunado a la apuesta federal de permitir que se siga impulsando el sector de energía no sustentable y que ello ahonda en la vulnerabilidad de México ante los impactos del cambio climático que afecta a por lo menos 68% de la población mexicana. Lo cual se reforzó con que en diciembre de 2013 la administración federal aprobó una Reforma Energética en la que privilegió la mayor explotación de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) que aumenta la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Además que hace unos días, en el desempeño ambiental de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2013, se registró un incremento del 12.5% de (GEI) a la atmósfera debido al mayor uso de combustóleo para apoyar al suministro de gas a nivel nacional.
Asimismo en la Reforma Energética se promueve la explotación de gas shale, cuya obtención es por medio de la técnica de fracking, que implica el desperdicio y contaminación de miles de litros de agua en estados donde se ven afectados por sequías prolongadas, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Para Greenpeace es un absurdo que México impulse el fracking cuando se enfrenta ya una grave crisis hídrica por la falta de disponibilidad y calidad de este vital líquido.
Por otra parte, el gobierno mexicano está lejos de lograr la protección de ecosistemas que brindan grandes servicios ambientales a las comunidades. En la lógica de “ganar” inversiones se han puesto en riesgo Áreas Naturales Protegidas como Cabo Pulmo en Baja California Sur, donde se pretendía construir un megaproyecto de turismo depredador: Cabo Dorado, donde además de vulnerar al ecosistema quedó en evidencia el cabildeo de funcionarios del anterior y actual gobierno en favor de los intereses privados.
Un escenario similar se presenta ahora en Holbox, Quintana Roo, donde se pretende construir el complejo La Ensenada, a costa de sacrificar una de las zonas mejor conservadas de la reserva Yum-Balam, que alberga una gran diversidad de flora y fauna como son aves -residentes y migratorias-, mamíferos, anfibios y reptiles; algunas de ellas en peligro de extinción, o bien simplemente cambiar categorías de protección como en el caso del Nevado de Toluca, que dejó de ser un Parque Nacional para ser una Zona de Protección de Flora y Fauna, que permite, entre otras actividades, tanto de conservación como de aprovechamiento comercial.
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