Durante la realización del Octavo Operativo Nacional permitió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detectar irregularidades en el transporte de 66.74 toneladas de residuos peligrosos por el mal manejo de baterías usadas plomo-ácido, aceites y lubricantes gastados, así como residuos peligrosos biológico-infecciosos, por lo cual se inició 10 procedimientos administrativos en los estados de Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala.
Asimismo, personal de la PROFEPA aseguró una unidad de transporte en el estado de Yucatán; y la detección de un vehículo con una tonelada de Carbón Vegetal en el Estado de Tamaulipas.
Cabe señalar que el operativo se llevó a cabo 17 y 18 de noviembre de 2016, donde se verificaron un total de 4 mil 399 vehículos de transporte, con un total de 25 mil 405 toneladas de mercancías inspeccionadas, de las cuales 3 mil 331 revisiones se efectuaron en los 65 puntos carreteros instalados y 1,068 revisiones de contenedores en las 25 aduanas participantes: 13 fronterizas, 8 marítimas y 4 aeroportuarias.
El objetivo principal de los operativos nacionales es verificar que los residuos peligrosos sean manejados conforme a lo que establece la legislación ambiental nacional. Además, que los movimientos transfronterizos de éstos se hagan en apego a las obligaciones previstas en las autorizaciones correspondientes, con el propósito de identificar redes tráfico internacional.
El Operativo fue coordinado por la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la PROFEPA. Se verificaron y vigilaron movimientos transfronterizos de materiales, sustancias y residuos peligrosos: se revisaron 7 mil 776 toneladas de materiales y sustancias peligrosas, así como 2 mil 126 toneladas de residuos peligrosos y 15 mil 502 toneladas de otras mercancías.
Durante la acción se contó con el apoyo de 122 elementos de la Policía Federal, 46 oficiales de distintas policías estatales, 7 oficiales de las policías municipales, 93 elementos de la Administración General de Aduanas (AGA), 64 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 13 elementos de la Secretaría Marina (SEMAR), así como 13 elementos de otras instituciones.
Las unidades de carga verificadas que acreditaron el origen, transporte y destino de los residuos, demostraron que son empresas legalmente constituidas y de servicio debidamente permitidas por la SEMARNAT,
Éstas deberán disponer los residuos peligrosos en un lugar que cuente con la infraestructura necesaria para evitar la contaminación de la atmósfera, agua, suelo, ecosistemas y la salud de la población humana. En los casos de incumplimiento se procederá a aplicar las sanciones que la ley ambiental establece.
El tráfico ilegal de residuos peligrosos es un delito que se castiga con una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización.
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