Para diversas organizaciones civiles, la Reforma energética entre algunos de los graves problemas que conlleva es atentar contra el ambiente y los derechos humanos y además de provocar que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sean sus principales perdedoras al ser despojadas de toda injerencia en revisión y castigo en su caso cuando el sector energético afecte a los ecosistemas nacionales,
Ello debido a que la creación de la inscrita en el artículo 7º de la Ley que versa sobre la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de «tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales».
Dejando a Semarnat y Profepa con una mayor debilidad oficial, la cual en estos momentos ya es evidente al estar dicha dependencia totalmente fuera de la discusión de los aspectos ambientales de la Reforma Energética.
En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), indicaron que además de lo anterior, la reforma energética contiene aspectos que ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el país, y atentan contra derechos humanos y sociales.
Ello debido a los aspectos de las propuestas para las leyes secundarias de la reforma priorizan la obtención de beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica sin mirar los aspectos ambientales como lo del forzamiento a expropiar tierras, ya que la misma política nacional marca que la obtención de hidrocarburos es la prioridad oficial sobre cualquier otro aspecto.
Lo cual, dijo, Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA, » desconoce que proteger el ambiente, producir alimentos y conservar el agua también son de interés público; por ende, cualquier reglamentación en este sentido es peligrosa porque da carta blanca a esos rubros sin considerar sus posibles impactos a los derechos humanos y al ambiente».
Aunado a que si ya se cuenta con algunas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), con presencia de mineras, puede en determinado caso poner en riesgo estas regiones ante la falta de los planes de manejo de las mismas y si bien algunas están bien preservadas como sería zona monarca, otras tierras podrían ser motivo de uso energético.
Por su parte, Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de CEMDA, dijo que «para evitar impactos sociales negativos, es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma decisiones bajo el marco de derechos humanos.»
Agregando que los diversos reglamentos de la Reforma Energética en ningún renglón deja la puerta abierta para la negación de propietarios de que su tierra en caso de tener potencial energético como es el fracking sea expropiada. Ya que se habla de tres posibilidades de negociación y de que una empresa o el mismo Pemex puede llevar a juicio a dueños o comunidades dueñas de predios para así obligarlos a ceder la tierra a la explotación del shale gas.
Las organizaciones y especialistas alertan en particular sobre la consideración que la reforma energética hace que los hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelodel país.
Esto afectaría a todas las personas que también realizan actividades de aprovechamiento sobre una superficie (agricultores, ganaderos, comunidades y pueblos indígenas, y comunidades forestales). Las zonas como corredores biológicos, que permiten actividades de conservación y de aprovechamiento en función de la conectividad de ecosistemas quedan en riesgo bajo la reforma energética que privilegia la exploración y explotación de hidrocarburos.
En comunicado de prensa, Tania Mijares García, directora de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE), describió que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69% del total y el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y en un 50% para el año 2050.
Sin embargo, recalcó que «En México, hoy en día hoy nos cuesta más energía crecer económicamente que hace 10 años. Si continuamos con este nivel de instensidad energética, la demanda total de energía podría aumentar más de un 50%, es necesario que el gobierno federal trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios y flotillas en eficientes energéticamente.
Recordó que «México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2% de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1% su capacidad de generación y en un 18.5% su capacidad instalada.»
A pesar de ello, las propuestas de las leyes secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que, aprobar las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional.
De producir los 60,000 GW/h que suman todas las tecnologías disponibles en México, el incremento del PIB sería de 346,100 millones de pesos, se crearían 150,000 nuevos empleos y la recaudación fiscal sumaría los 23,000 millones de pesos.
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