Por tercer año consecutivo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) presentó su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en donde se denunció que en 2016 continuaron las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país, registrándose 63 ataques en diversas modalidades.
El Informe muestra que en México continúa siendo un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación.
Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.
Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones. Sonora, el Estado de México y Oaxaca se mantienen como las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, en comparación con los informes anteriores.
En este informe, presentando en conferencia de prensa, se detalló que las agresiones más comunes fueron dirigidas a individuos (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7).
Las afectaciones más reclamadas por los defensores -sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos- están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina.
Al respecto, Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del CEMDA, apuntó que «el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones». Y es que, de acuerdo con los datos obtenidos, 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores.
Cabe recordar que el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación »por el inquietante número de asesinatos y casos de violencia que, sin lugar a dudas, subestima la verdadera magnitud de las amenazas y los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales.» Señaló que la situación se agrava a medida que aumenta la demanda mundial de recursos naturales.
Un caso de ejemplo de estas agresiones, fue narrado por Julián López Cánere, integrante del Consejo Indígena Náyeri, quien expresó que su comunidad está enfrentando graves amenazas en contra de su territorio por el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, así como por concesiones mineras que pretenden explotarse en la zona. Asimismo, mencionó que «la preocupación de nuestras comunidades es que, por el intento de imponer el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, se han violado nuestros derechos en diferentes formas. Por un lado, nuestro derecho a la consulta fue violado. No se hizo la consulta sino que se realizó un proceso amañado; están simulando como si nos hubieran consultado. No hemos sido consultados. Por otro lado, no están respetando nuestro derecho a decidir qué queremos en nuestras comunidades. Nosotros ya decidimos y no queremos que se construya la presa Las Cruces, por eso pedimos la cancelación definitiva de este proyecto, respeto a nuestros derechos y territorio, alto a los engaños y abusos, alto a la persecución y violencia. Queremos seguir siendo náyeris y vivir en paz».
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