En el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21), diversas organizaciones ambientalistas hicieron un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas «para enfriar el planeta» debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.
Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento.
El documento será presentado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll – México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur).
Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región -entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia- han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.
«El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente», dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. «Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información», manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad.
Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible.
De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. «Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay», indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
«Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles», expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase.
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