De acuerdo al investigador Rodolfo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en México la Auditoría Superior de la Federación ha informado que el agua ha sido desatendida de forma alarmante ya que el 90% de los mantos acuíferos del país tienen algún grado de contaminación; que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo supervisa el 1% de los pozos de extracción concesionados y que existen más de 15 mil sitios de extracción clandestinos y que son 78 mil millones de metros cúbicos de agua los que se estima son extraídos de manera ilegal sin que la Conagua actúe al respecto.
Señaló que esto hace muy sustancioso un mercado ilegal del agua, ya que con la Ley de Aguas de 1992 se permitió la figura de que este recurso sea tratado como una mercancía, violando el derecho humano a su acceso, que es marcado por parte de las Naciones Unidas, convenio global al cual México está suscrito.
Declaró lo anterior al ser parte de los ponentes en la presentación de la propuesta ciudadana “Agua para todos” que busca establecer un manejo del agua con una visión sustentable e incluyente, proyecto que involucra a organizaciones civiles, académicos y que se piensa establecer sinergia con legisladores que no cumplieron con los plazos de ley de emitir una nueva legislación general de agua que debió ser publicada el 6 de febrero de este año.
Con dicha reforma, se pretende que el Estado garantice el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además de establecer la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
“México está viviendo una crisis hídrica producto de más de una década de omisiones inexplicables por parte de las autoridades responsables en lo que a revisión del marco jurídico se refiere y a políticas hídricas partidistas y descoordinadas y, por ello, altamente insatisfactorias para los diferentes sectores sociales”, señaló.
Al ser entrevistado por Mi Ambiente, indicó que ante este excesivo uso del agua no se está permitiendo una recarga nacional y Conagua no sabe cuánta agua tiene el país y otorga concesiones sin tener conocimiento de cuánta es la disponibilidad, resultando que 102 acuíferos del país estén sobreexplotados. Ejemplo de esto es darle pozos a inmobiliarias que edifican 20 mil casas y un mismo permiso es usado por estas empresas en varias unidades habitacionales de este tamaño, cosa que es un error.
Por su parte, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa de investigación Sierra Nevada, UAM; señaló a este reportero que es muy urgente él tener una nueva ley del agua, por la escasez de la misma, por su contaminación, por las concesiones, por su mal gobierno, etc.
Denunció que “José Luis Luege Tamargo se la pasó 6 años hablando de sobreconcesión del agua y no movió un dedo para corregirlo; y las inmobiliarias no tienen idea de los daños ambientales que están provocando al traficar agua para diversas unidades habitacionales como es la cuenca de Chalco con 23 mil nuevas viviendas” y sobre las nuevas autoridades federales añadió que les vamos a recordar que el agua es un derecho humano y no vamos a dejar de insistir que deben solucionar estos temas prioritarios.
Comentarios Cerrados