La Coordinación de Evaluación se integra por seis consejeros sociales y por la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y tiene a su cargo evaluar la política nacional de cambio climático conforme a los artículos 23 y 98 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Este es el primer ejercicio de evaluación de la política climática conforme a dicho ordenamiento.
En ambos casos, AT-CC y PECC, se analizaron el diseño y los procesos relevantes para su puesta en marcha y operación. En el caso del PECC, se identificaron los resultados obtenidos hasta marzo del 2017.
EL AT-CC y el PECC son instrumentos fundamentales para implementar la política climática del país y al encontrarse normados por Ley se garantiza su continuidad y vigencia transexenal.
A partir del 2013, el AT-CC integra los programas presupuestarios dirigidos a la mitigación y adaptación del Gobierno Federal. En el caso del PECC, se trata del primer programa normado por ley para el periodo 2014 – 2018. El PECC ha permitido institucionalizar la transversalización de acciones de cambio climático en la Administración Pública Federal.
Para la presente evaluación se identificaron áreas de oportunidad en el proceso de elaboración y diseño del programa con objeto de fijar prioridades y focalizar las acciones que representen mayores beneficios en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
La evaluación del PECC ha permitido identificar que el cambio climático, como fenómeno complejo y vinculado al desarrollo, requiere instituciones fuertes y consolidadas en materia de conocimiento, abordaje y capacidad de evaluación. Lo anterior debido a la naturaleza multifactorial y multisectorial de dicho fenómeno que incide en la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno para atender los problemas públicos que genera el cambio climático en un territorio determinado.
Para dar mayor trazabilidad a sus acciones, es necesario robustecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo, reporte y verificación del PECC, así como su contribución a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Para la conformación del siguiente PECC es fundamental atender los compromisos de la Contribución Nacionalmente Determinada en el contexto del Acuerdo de París, así como para la evaluación de los temas derivados de la reforma Energética de 2013 – 2014.
La presente evaluación destaca que el presupuesto público es una condición necesaria para la implementación efectiva de la política climática. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Cambio Climático prevén el destino de recursos para atender esta pública. Desde 2013, el anexo transversal en materia de cambio climático ha sido parte del PEF. Sin embargo, la evaluación revela la necesidad de robustecer los criterios basados en el conocimiento ciencientífico para el diseño e implementación de dichas políticas públicas.
Cabe destacar que los recursos del AT-CC se han concentrado en sectores como agricultura y ganadería y, en áreas como la reparación de daños por desastres naturales (FONDEN). Por ello, se considera necesario priorizar un enfoque preventivo dirigido a reducir la vulnerabilidad e incrementar las capacidades de comunidades y ecosistemas para la adaptación al cambio climático.
Por otra parte, los mecanismos de coordinación previstos por ley, el Sinacc y la CICC, necesitan fortalecer las acciones para que tanto en el caso del AT-CC, como en el del PECC, se garantice un presupuesto específico para cada una de sus 199 líneas de acción. Para marzo de 2017, sólo el 43% de las lineas de acción del PECC se encontraban en cumplimiento, en tiempo y forma.
Con base en los hallazgos de ambas evaluaciones, y conforme a la Ley General de Cambio Climático, la Coordinación de Evaluación emite recomendaciones al Sinacc, a la CICC y a las dependencias del Gobierno Federal para mejorar la integración del AT-CC, así como del PECC 2014 – 2018 y subsecuentes, cumpliendo así, con su mandato de ley.
Este ejercicio de responsabilidad, transparencia y objetividad busca mejorar la política nacional de cambio climático, para beneficio de la población y para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo integral y sustentable consignados en nuestra Constitución.
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